La Ley contra la Violencia de Género tiene grietas
María Naredo, investigadora de Amnistía Internacional, tuvo la oportunidad de mostrar a Isabel Martínez, Secretaria de Políticas de Igualdad. las grietas que la Ley en contra de la Violencia de Género tiene que corregir para alcanzar a todas las mujeres que la necesitan. El encuentro tuvo lugar ayer con motivo de la presentación del libro “Las mujeres en el estado de bienestar. Inmigración, Género y Ciudadanía”.
Naredo recordó la celebración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos destacando que “casi nunca se habla de la violación más impune y más habitual, que es la violencia a las mujeres por el hecho de ser mujeres”, un acto que viola todo un catálogo de los derechos contemplados en la Declaración, y que sin embargo se repite en todas las culturas, en todos los países, y en todas las épocas. Señaló que sólo desde 1993, y gracias a la Declaración en la Conferencia de Viena, los derechos de la mujer se enfatizaron como derechos humanos.
La Ley de Violencia de Género es muy adecuada, según la investigadora, pero en los casi cuatro años que lleva funcionando se han comprobado numerosas grietas en su aplicación que no se están resolviendo. Por un lado, que sólo considera en el texto a las parejas o exparejas, lo que deja de lado a los hijos e hijas, víctimas sin duda de la violencia que sufren sus madres. Por otro lado, destacó Naredo, aumenta la vulnerabilidad de determinadas mujeres, en especial de las inmigrantes, y más si están en situación irregular.
Una ley incompleta
La vulnerabilidad fue definida por una relatora de las Naciones Unidas para las personas inmigrantes como “la capacidad de incidencia del Estado en la persona migrante, empoderándola o desempoderándola”, señaló. A mayor vulnerabilidad, mayor impunidad. La ley española ahora actúa así por tres cuestiones particulares.
Primero, por las circunstancias intrínsecas de las mujeres inmigrantes: “el desconocimiento del idioma, de los procedimientos y de las leyes”, por lo que el Estado debería trabajar en este sentido para asistirles y no convertirlo en otra forma de discriminación.
Por otro lado, ni la Ley contra la Violencia de Género ni tampoco el Ministerio de Igualdad han revisado la política social desde la perspectiva de género, opinó Naredo. Por eso ocurren incongruencias tales como que se permita la reagrupación familiar, pero no se le conceda un permiso de trabajo a la cónyuge. Con ello lo único que se consigue es convertirle en totalmente dependiente de su esposo. Sin acceso a los recursos, no hay vía de escape frente a la violencia. Anecdóticamente contó como dichos permisos llevan escrito “depende de” y el nombre del marido, lo que en ocasiones hace entender a la mujer que el documento no es suyo, si no de su esposo, y que por lo tanto ella, de alguna manera, le pertenece.
Por último Naredo señaló que el desarrollo posterior de la ley ha ido incluso creando una mayor discriminación para las mujeres en situación irregular en el país. Por un lado, por la creación de la instrucción 14/2005, que insta a los funcionarios a iniciar un expediente de expulsión cuando una mujer sin papeles acuda a denunciar. En la práctica, recuerda la investigadora, esto no se está poniendo en práctica e incluso existen normas que así lo especifican.. “La seguridad jurídica es fundamental cuando hablamos de los Derechos Humanos, y lo que garantiza mi seguridad jurídica es que esa instrucción se retire”, añadió, e informó de que ahora mismo tan sólo el País Vasco cuenta con plenas garantías para las mujeres en situación irregular.
Otros temas
En el acto también intervino la Secretaria de Igualdad, Isabel Martínez, quien, aunque no se pronunció sobre este tema, habló sobre la Ley de Dependencia, el aborto y la crisis.
En estos momentos en que la economía pasa por un mal momento, Martínez quiso detener la alarma garantizando que seguirán los incentivos en el empleo para las mujeres, y para seguir acortando la brecha salarial que padecemos. Además, no se reducirán los gastos previstos para el desarrollo de la Ley de Dependencia, y la garantía de las ayudas para los cuidados de niños y niñas de 0 a 6 años, los mayores y los discapacitados. Se proyecta más formación y creación de empleo para el cuidado de las y los menores de 3 años, “un sector feminizado”, según la Secretaria.
Estado Español-Violencia de Género; 12 diciembre (08)