Martes, 17 de octubre de 2017.

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8000 mujeres víctimas de violencia de género podrán beneficiase del nuevo Programa de Inserción Laboral

Aumenta los incentivos de contratación a empresas y promueve la movilidad geográfica

Estado Español, Violencia de género, Madrid, Viernes 21 de noviembre de 2008, por Teresa G. Espejo


El Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros un Programa de Inserción Sociolaboral para víctimas de violencia de género que podría beneficiar a más de 8.000 mujeres. Contempla un aumento de los incentivos económicos para las empresas contratantes y promueve que se facilite la movilidad geográfica.

Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas (FMSD), aplaudió la aprobación del programa pero, en declaraciones a AmecoPress, subrayó que las ayudas son siempre “insuficientes”. El coste estimado, que se financiará con cargo al presupuesto del Servicio de Empleo Estatal, asciende a 11.112.422 euros.

Pérez del Campo manifestó su disconformidad con la decisión del presidente, José Luís Rodríguez Zapatero, de no convocar la conferencia de presidentes autonómicos para tratar de forma conjunta la violencia de género, tal y como se había comprometido.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló en la rueda de presa posterior al Consejo de Ministros, que el Ejecutivo mantiene su interés en celebrar esta reunión, pero ha decido esperar a los resultados del trabajo que en estos momentos, en materia de violencia de género, está realizando una subcomisión en el Parlamento.

Desarrollo de la Ley Integral

En concreto, el Consejo ha aprobado un Real Decreto que establece un Programa de Inserción Sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, tal y como contempla la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La iniciativa ha sido propuesta por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aido.

El Programa regula las ayudas destinadas a las mujeres que participan en los programas de política activa de empleo y que, según los cálculos realizados por el Gobierno, puede beneficiar a 8.324 mujeres, teniendo en cuenta el número de participantes en el Programa de Renta Activa de Inserción por esta causa y, por otro, el de mujeres que cuentan con medidas cautelares, orden de protección y con sentencia.

Las medidas previstas contemplan la atención específica e individualizada a las desempleadas inscritas en los Servicios de Empleo por parte de personal especializado, que acompañará a la trabajadora en el desarrollo de su itinerario.

Además, contempla incentivos a empresas, aumentando de 850 a 1.500 euros anuales la cuantía de las bonificaciones a las cuotas de Seguridad Social previstas en la Ley para la mejora del crecimiento y el empleo, a las empresas que contraten indefinidamente a víctimas de violencia de género.

Ana María Pérez del Campo calificó de “insuficiente” este incremento pero valoró que el programa promueva la movilidad geográfica, pues muchas mujeres están obligadas a cambiar de residencia para protegerse de los maltratadores.

Dicha movilidad estará motivada por la obtención de un nuevo empleo, con subvenciones destinadas a sufragar los gastos de desplazamiento, transporte de mobiliario y enseres, alojamiento, guardería y atención a personas dependientes, así como a compensar diferencias salariales cuando el nuevo empleo aceptado implique una disminución de ingresos.

Asimismo, el Programa contempla la firma de convenios con empresas para fomentar la sensibilización sobre la violencia de género y facilitar la contratación de víctimas y su movilidad geográfica.

La gestión de las medidas contempladas en el Real Decreto corresponderá a las 16 comunidades autónomas con competencias en materia de gestión de políticas activas, y al Servicio de Empleo Estatal en el País Vasco, Ceuta y Melilla.


Foto: Ana María Pérez del Campo

Estado español-violencia de género; 21 noviembre (08) AmecoPress




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