Domingo, 20 de enero de 2019.

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Las `temporeras de Huelva´: vulneradas y desprotegidas

El caso ha despertado movilizaciones por todo el país tras archivarse la denuncia por agresión sexual ante la "falta de indicios delictivos", según ha asegurado el juez

Autonomías, Sociedad, Situación social de las mujeres, Mujeres inmigrantes, Derechos humanos, Acoso sexual, Madrid, Jueves 20 de diciembre de 2018, por Covadonga Díaz Sola


Madrid, 20 dic. 18. AmecoPress-. Acoso laboral, agresión sexual y vulneración de derechos ante escenarios de completa precariedad son algunas de las situaciones que han vivido las conocidas como `Temporeras de Huelva´, un grupo de mujeres marroquíes que llevan meses arrastrando una lucha que finalmente ampare y proteja sus derechos. No obstante, las últimas novedades del caso han desvelado el archivo de la denuncia interpuesta por cuatro de ellas por un supuesto delito de agresión sexual, justificado por el juez ante la falta de “indicios delictivos”. Su abogada, Belén Luján, ha calificado esta decisión de “disparate jurídico” y anuncia que recurrirá la causa. Mientras, numerosas ciudades de España se han movilizado en apoyo a las jornaleras.

Las diez jornaleras marroquíes llegaron a España en abril bajo un convenio de contratación en origen que mantienen nuestro país y Marruecos para la recogida anual de la cosecha de frutos rojos en Huelva. El contrato, que incluía visado de tres meses, contaba con una jornada laboral de seis horas y una remuneración diaria de 40 euros. La mercantil empleadora, Doñana 1998 S.L., se haría cargo del alojamiento de las trabajadoras y de su traslado a España y posterior retorno a Marruecos.

Sin embargo, las jornaleras no se imaginaban la situación precaria a la que se enfrentarían. De acuerdo a sus declaraciones, fueron confinadas en contenedores de chapa, amueblados con seis literas y sin agua potable.

Además, en sus teléfonos móviles recopilaron vídeos que muestran cómo el agua se colaba por el techo "a chorros" los días lluviosos. También alegaron no recibir ningún tipo de remuneración por su trabajo, enfrentándose a las nuevas dificultades que dicha carencia suponía a la hora de comprar comida.

Ante estas insalubres condiciones, muchas de ellas enfermaron. Se les negó la asistencia y el traslado al centro sanitario y se vieron obligadas a mendigar frente a estas situaciones de extrema necesidad.

Bajo este contexto, a finales del mes de abril, la revista alemana Corrective.org, en colaboración con Buzz Feed Noticias, publicó un reportaje referido a los abusos laborales y sexuales en los campos italianos, marroquíes y españoles, especialmente en la localidad mencionada.

Pese sacar a la luz tales hechos, los empresarios y sindicatos mayoritarios se unieron para negar tener conocimiento de ninguno de estos casos, alegando que se trataba de una campaña de desprestigio contra el negocio de la fresa onubense, que facturó en campañas anteriores (2016-2017) un total de 395 millones de euros.

Sin embargo, las denuncias se fueron acumulando en cuarteles y prensa. Las trabajadoras, mujeres rurales con menores a su cargo y en situación de especial vulnerabilidad en España, denunciaron las precarias situaciones de trabajo, salariales y de vida a las que fueron sometidas y que, según su escrito, rozaban la esclavitud. A su vez, alegaron haber sido objeto de acoso sexual por parte de sus compañeros y jefes de trabajo.

Entre las muchas denuncias, se encuentra la fechada el día 25 de mayo, por la que tras el testimonio de dos víctimas y testigos de abusos sexuales en un campo de Moguer, se procedió a la detención de un manijero español de 47 años, responsable de supervisar el desempeño de las jornaleras.

De acuerdo a sus testimonios, las mujeres alegan haber sufrido chantaje bajo la amenaza de ser despedidas si no mantenían relaciones sexuales con él. El empresario quedó en libertad con cargos y ahora se está a la espera de la decisión tras su puesta a disposición judicial.

La Consejería de Justicia andaluza ya había pedido, por aquel entonces, una investigación a la fiscalía de Huelva, y el ministerio público inició el rastreo de denuncias sobreseídas en 2015. “Las primeras denuncias nos parecieron serias. Las mujeres no se atrevían a declarar y tuvo que ir la Policía y la Guardia Civil a localizarlas”, asegura el fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo.

A su vez, en Marruecos, algunos medios empezaron a exigir explicaciones al ministro de Trabajo de la localidad, responsable de la contratación en origen de las mujeres que todos los años envían a los campos españoles durante un mínimo de tres meses.

En agosto de 2018, el abogados y la abogada de las víctimas, Belén Luján y Jesús Formoso, llevaron el caso por delitos de lesa humanidad y trata de seres humanos hasta la Audiencia Nacional, ante la duda sobre la capacidad de los Juzgados de Instrucción 1 y 3 de Palma del Condado a asumir la investigación.

El Sindicato Andaluz de Tabajadores (SAT) abrazó la causa y se comprometió a asumir los gastos de manutención y alojamiento de las jornaleras, escondidas en una casa de un pequeño pueblo andaluz para que, las cuatro que habían presentado la denuncia, ratificaran su testimonio ante el juez.

No obstante, amparadas bajo la defensa de sus representantes legales de AUSAJ, las diez jornaleras denunciaron, el pasado 29 de septiembre, al representante de dicho sindicato, José Blanco Burgos, por hacerlas trabajar de manera irregular, usarlas mediáticamente para promocionarse y apropiarse de parte del dinero que les proporcionó una compatriota.

El SAT respondió a las acusaciones alegando que “ha dado apoyo en todo momento a las temporeras” y que “gracias a ellos” se ha garantizado su alojamiento y manutención.

Pero, según los abogados, pese a que el sindicato sufragara los gastos, éstos se cubrían mediante el trabajo irregular de las propias jornaleras, las cuales no habían sido dadas de alta.

Una de las marroquíes confesó haber ido a trabajar varios días a casa de la propietaria de la vivienda donde se hospedaban –también denunciada- sin que se le advirtiera de que ese dinero se destinaría a un fondo común que cubriría las necesidades de las nueve temporeras restantes.

Otra de las denunciantes aseguró haber sido obligada a trabajar nueve días en el huerto del sindicalista “sin cumplir ningún requisito legal” con el fin de aunar el dinero suficiente para la reparación de un teléfono viejo que Blanco le había prestado y que se rompió por accidente.

Blanco reconoció que las jornaleras trabajaron sin cobertura legal en algunas de las funciones del pueblo, como el cuidado de ancianos o servicios de limpieza, pero mantiene que hubo una conversación previa con ellas en la que llegaron al acuerdo de que el salario que ganaran iría destinado a un fondo común.

Un mes antes de presentar la denuncia, ante el conocimiento de tales situaciones, la asociación de abogados y abogadas promovió una campaña de recaudación de fondos para enviar remesas a las familias de estas mujeres.

Para la recaudación, se abrió una cuenta bancaria a nombre de una de ellas en representación del resto. Blanco, sin ningún tipo de vinculación a la campaña, se puso como autorizado.

En dicha cuenta, una compatriota abonó un total de 3.000 euros para que las jornaleras enviasen ayudas a sus familias. Tras quedar bloqueado durante días por mero trámite legal, el 22 de agosto Blanco hizo tres reintegros por valor de 1.380 euros “sin comunicárselo a nadie y desconociéndose el destino del dinero”.

Ante esta situación, Luján y Formoso alejaron a las temporeras de la casa de Málaga y son ellos mismos los que se encargan ahora de su alojamiento y manutención.

Blanco afirmó haber retirado ese importe para pagar el alquiler de la vivienda de las mujeres, saldar las deudas asumidas por ellas en comercios locales y otros gastos de manutención, porque el sindicato no contaba con más fondos.

Por tanto, confirma haber hecho “uso legítimo” del mismo, pues entiende que la manutención de las mujeres entraba también en la campaña de recaudación, pese a no tener vinculación impulsora alguna con la misma.

A las precarias condiciones laborales, se suman también situaciones de acoso sexual sufridas por las jornaleras.

Aicha, una de las diez temporeras marroquíes, madre de dos hijos y embarazada de un tercero, denunció el acoso sufrido por uno de los empresarios. Sin autorización, entró en su dormitorio, la cogió del brazo, intentó tocarle los genitales y le propuso mantener relaciones sexuales.

En otra ocasión, cuando Aicha iba camino a la ducha, el mismo se acercó de nuevo y, por gestos, ella le dijo que estaba embarazada y casada. Él respondió, también por gestos, que podría hacerle una felación o practicar sexo anal.

“Esto no se lo conté a la policía por vergüenza y me arrepiento”, confiesa Aicha, quien sufrió un ataque de ansiedad tras uno de los episodios. Nadie la llevó al médico y tuvo que verse obligada a hacer autostop para acudir a un centro de salud.

Ahora, la jornalera se niega a volver a Marruecos “porque mi familia y la de mi marido me matarán. Tengo mucho miedo”. “Lo único que quiero es que se demuestre la verdad de nuestra historia. Tengo que recuperar mi dignidad”. Otras dos mujeres de la casa corroboran su relato, y se suman a la denuncia a su jefe.

Pese a este contexto de vulnerabilidad de derechos, el juzgado de primera instancia e instrucción 3 de la Palma del Condado ha archivado la investigación sobre el supuesto acoso y abuso sexual sufrido por parte del empresario Antonio Mato, alegando que “no parece debidamente justificada la perpetración del delito”.

Dicho archivo se corresponde con la petición del abogado del mismo, que calificó la denuncia de "maniobra" para evitar su vuelta a Marruecos una vez finalizara su contrato y, así, continuar residiendo en España.

Ante esta situación, la asociación de abogados y abogadas de las temporeras solicitaron su regulación por circunstancias excepcionales, pero la Subdirección General e Inmigración no ha presentado respuesta todavía.

Calificando de “disparate jurídico” el auto, la abogada Belén Luján critica que el juez haya sobreseído la causa sin que se hayan realizado nuevas actuaciones y asegura que recurrirán.

La secretaria de la Mujer de CCOO, Yolanda Carrasco, ha lamentado el archivo provisional de las denuncias criticando que “no se haya realizado una investigación de los hechos”. Para la comisión, este caso constata “la necesidad de que las administraciones dediquen todos los esfuerzos a formar a jueces y fiscales en materia de género”.

“Para una mujer que sufre una situación de acoso en el trabajo, dar el paso de denunciar supone vencer muchos miedos, incertidumbres y presiones, y un sistema judicial poco sensibilizado con esta realidad lanza el mensaje a las mujeres trabajadoras de que es mejor no denunciar”, concluye Carrasco.

Ante esto, realizan un llamamiento a la responsabilidad de las instituciones y empresas en el cumplimiento de su deber para con las medidas del Pacto de Estado, así como la puesta en marcha del acuerdo con el CGPJ para impulsar la formación de magistrados y magistradas.

Movilizaciones tras el archivo de la causa

Antirracistas y feministas se han movilizado estos días tras haberse archivado la denuncia de las cuatro mujeres marroquíes que aseguraron haber sufrido acoso sexual y laboral por parte de uno de los empresarios.

Contra la impunidad y en defensa de las mujeres, los distintos colectivos han salido a la calle para responder a lo que consideran “un nuevo exponente de justicia patriarcal".

Iruña, Huesca, Zaragoza, Ceuta o Melilla son algunas de las ciudades escenario de la protesta, al igual que se espera que ocurra en otras como Madrid, Barcelona, Valencia y Huelva.

“Nos hemos coordinado con hermanas de distintas generaciones y de todo el territorio para organizar protestas”, asegura Amal Abakkouy, componente de las organizaciones impulsoras.

La protesta cumple por objeto la denuncia frente al racismo y el colonialismo, y cómo éste se ha expresado en los cuerpos de estas mujeres. “Esto venía pasando desde hace tiempo. Nos permite ver la diferencia entre qué voces se escuchan y qué voces son las invisibilizadas”, continúa.

“Tenemos que visibilizar estas violencias porque hay mucha gente que desconoce lo que han pasado las temporeras. Lo idílico sería que este caso haya servido para dejar ver la situación de desprotección y de vulnerabilidad que tienen estas mujeres, no solamente en Huelva. Pero si la resolución final es negativa, no sabemos cómo afectará a posibles denuncias futuras, el efecto disuasorio está ahí”, concluye.

Foto: Archivo AmecoPress.

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Autonomías – Sociedad - Situación social de las mujeres – Mujeres migrantes – Derechos humanos - Acoso sexual. Madrid, 20 dic. 18. AmecoPress.




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