“Antes que víctimas, son inmigrantes”
La ley establece que si una inmigrante en situación irregular denuncia un maltrato, independientemente de su situación de víctima, las fuerzas policiales deben iniciar un proceso sancionador por su condición de ilegal. Aunque en la práctica no se cumple a menudo, esta amenaza conduce a muchas mujeres a tolerar el maltrato sufrido antes de correr el riesgo de ser expulsadas. Amnistía Internacional denuncia éste y otros impedimentos que discriminan a la mujer inmigrante frente a la justicia española.
Esta mañana Amnistía Internacional (AI) ha organizado un encuentro bajo el título “Mujeres inmigrantes, violencia de género y trata en España. Más riesgos, menos protección”.
Itziar Ruiz-Giménez, Presidenta de AI, ha abierto la jornada recordando que España está entre los primeros diez países con mayor índice de trata, lo que, entre otros, justifica la necesidad de seguir trabajando por una ley con un “enfoque, de verdad, en el que las víctimas estén en el centro”
A continuación, María Naredo, Investigadora del Equipo de Mujeres de AI, se ha referido al informe que en 2007 la organización dedicó a las mujeres inmigrantes, “Más riesgos y menos protección. Mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género”.
“Lamentablemente –este informe- sigue en plena vigencia”, ha sentenciado Naredo. “Las mujeres inmigrantes estuvieron en 2007 seis veces más expuestas al homicidio de género que las mujeres españolas”. Para empeorar las cosas, se extiende la creencia de que esto ocurre porque los extranjeros son más violentos, pero la realidad es que el homicidio se multiplica en este grupo por la falta de oportunidades de salida. Es la “profecía cumplida” del maltratador, ha dicho la investigadora, cuando éste amenaza a la mujer con frases como “dónde vas a ir, si no tienes papeles”. Por desgracia, nuestro actual marco jurídico aterroriza a las víctimas, que muchas veces acaban echándose atrás.
Las mujeres inmigrantes son especialmente vulnerables. Pero hay que entender que dicha vulnerabilidad no significa que sean débiles, no es que tengan un handicap personal, si no que se corresponde con las prácticas, políticas y normas del estado de acogida. A la mujer inmigrante se le da poco poder, y esto equivale a una mayor impunidad del agresor.
Según Naredo, un paso necesario para avanzar en la defensa de las migrantes es la ratificación por parte del Estado de la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias”. Además, es una prioridad que la ley no se quede en el papel, y para ello el Estado debe realizar estudios sobre los obstáculos que en su puesta en funcionamiento tiene la Ley Integral contra la Violencia de Género, especialmente con los colectivos más vulnerables como son las inmigrantes, y desarrollar normativas para superarlos.
Uno se esos obstáculos reside en algo tan evidente como ausente: cuando las mujeres que no hablan nuestra lengua tratan de denunciar, no cuentan con un intérprete que les ayude. En muchas ocasiones son los propios hijos e hijas quienes han de ayudar a la madre a declarar. Ésta se ve forzada a contar a sus propios hijos e hijas sentimientos y experiencias traumáticas para toda la familia.
En ocasiones, aunque exista traductor, éste no está adecuadamente formado para la asistencia de las víctimas. Especialmente en el caso de lengua árabe, suelen ser hombres que en poco o nada se identifican con la denunciante, y que incluso le aconsejan que retire la denuncia y se vuelva a casa.
El problema idiomático no queda ahí. Aunque la persona hable español, con frecuencia los términos con que policías, representantes legales y jueces y juezas se expresan no son comprensibles para las víctimas, y falta personal preparado que pueda asistirlas con efectividad para informar y garantizar sus derechos.
Otro gran obstáculo hoy en día es la propia normativa que se ha desarrollado junto a la Ley Integral. En el caso de las denunciantes en situación ilegal en España, la Instrucción 14/2005 obliga a los y las agentes policiales a que ante la llegada de una víctima extranjera, averigüen si su situación es irregular, caso en el que deben comenzar un procedimiento que puede derivar en un expediente sancionador, e incluso en la expulsión de la víctima. Naredo ha afirmado que, en su experiencia, son pocos quienes cumplen con este procedimiento (e incluso en el País Vasco las víctimas de delitos, sean cuales fueren, no son objeto de un nuevo procedimiento), pero precisamente por eso AI exige que se retire, para “que no tenga lugar de ninguna manera en ese momento” tan delicado. El temor a ser sancionado es uno de los motivos más frecuentes por los que las “sin papeles” no denuncian a su maltratador.
Estos obstáculos se traducen en el miedo de las víctimas a denunciar. Además, tan solo un 20 por ciento de las mujeres que denuncian consiguen una orden de protección. Aproximadamente el 40 por ciento de las causas se archivan, y del resto el índice de condena efectiva al maltratador es de 59 de cada cien. Con estas estadísticas es frecuente que las inmigrantes en situación ilegal encuentren un mayor riesgo para su situación personal en denunciar que en tolerar.
Frente a esta desprotección, la legislación autonómica busca una salida, como en Galicia, donde se puede acreditar a una víctima con un informe médico o con el de una trabajadora social.
El marco legal español en cuestión de extranjería provoca situaciones de vacío también para ciudadanos y ciudadanas legales. La reagrupación familiar no va unida al permiso de trabajo, lo que está conduciendo a graves situaciones de dependencia de las mujeres que vienen a España a reunirse con sus esposos. Estas mujeres quedan sometidas a la voluntad de sus maridos, sea cual sea, porque no tienen medios posibles de mantenerse por si mismas.
El otro gran bloque del encuentro ha sido la trata en España y en el mundo, y su intrínseca relación con la violencia de género.
La experta Gentiana Susaj ha resaltado el papel central que ocupan las mujeres en la trata en el mundo. Son el 80 por ciento de las víctimas, la mitad de ellas menores de edad. Susaj ha especificado que la trata no sólo consiste en la prostitución y la explotación sexual, si no que también se produce con el objetivo de la servidumbre y explotación laboral, sobretodo en la agricultura, la mendicidad y los servicios domésticos o la compra de novias-esclavas, entre otros.
En la mesa redonda se ha tratado el tema de los matrimonios serviles, resaltando la gravedad de esta cuestión por la injustificada inexistencia de tipificación como delito, lo que convierte a los culpables en inmunes. Además, expertos de todo tipo han compartido su experiencia en la asistencia de prostitutas y mujeres víctimas de la trata, aportando datos sobre los diferentes tipos de agresiones que sufren y los efectos que éstas producen en la salud y en el normal desarrollo de la vida de estas mujeres.
Fotos: AmecoPress
Pie de foto:
1) Itziar Ruiz-Gimenez, presidenta de AI
2) María Naredo, Equipo de Mujeres de AI
Estado Español-violencia de género; 21 noviembre (08)