Viernes, 14 de diciembre de 2018.

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#EstoNoEsUnNegocio: La precariedad de los servicios de atención a la violencia de género

UGT denuncia la carencia de calidad, eficiencia y especialización de los servicios de violencia machista a causa de la externalización

Comunicados, Debates, Situación social de las mujeres, Empleo y género, Violencia de género, Madrid, Viernes 7 de diciembre de 2018, por Covadonga Díaz Sola


Madrid, 04 dic. 18. AmecoPress. Bajo el lema “Esto no es un negocio”, UGT Feminista presentó, durante la Campaña del 25 de noviembre, el informe “La precariedad laboral en los servicios externalizados de atención a la violencia de género”, por el que se ponen a debate aspectos relativos a la calidad del empleo en los servicios públicos dedicados a la atención y protección de las mujeres que sufren violencia de género, así como una serie de estudios que analizan los problemas vigentes a causa de la externalización de los mismos y la extracción de conclusiones que guiarán la necesidad de un plan de acción de mejora de la situación.

En su informe, UGT Feminista pone de manifiesto la precariedad laboral en los servicios públicos de violencia de género derivada de la contratación externa de servicios públicos con empresas privadas.

De acuerdo a lo establecido en el documento, los principales problemas que residen en dicha externalización se traducen en la falta de especialización, la precariedad del empleo femenino, la limitación del ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, así como una insuficiencia en la labor de la administración pública y una evidente carencia en la eficiencia y calidad laboral relativa a este ámbito.

Basándose en la hipótesis de que la calidad del empleo es un factor determinante en la calidad del servicio público, atienden a su negativo efecto tanto en las trabajadoras de estos servicios –mujeres en su mayoría- como a las usuarias de los mismos, mujeres que sufren violencia de género y acuden a los servicios públicos en busca de recursos para salir de esa situación.

“No está de más poner de relieve el impacto de género de esta labor de denuncia que emprendemos con este informe”, apuntan, “ya que el empleo en los servicios públicos externalizados de violencia de género es principalmente femenino y sus usuarias son mujeres”.

El documento estudia especialmente dos servicios estatales emblemáticos respecto a la atención de la violencia de género, “que muestran en toda su complejidad los efectos de tales externalizaciones”, el Centro COMETA y el Servicio 016 de Información y Asesoramiento Jurídico en Violencia de Género constituirán la base de estudio del informe.

“No queremos cerrar esta presentación sin señalar que esta es sólo la punta del iceberg”, apunta el documento. “Nuestra labor no se detiene aquí, queda pendiente desplegar esta investigación a nivel autonómico y municipal, donde la externalización hace mella en la calidad del empleo y servicios.

Reiterando dicho argumento, la organización anuncia que esperan sumar fuerzas con otros actores sociales y con las administraciones públicas mismas en la orientación de un problema que nos afecta a todos y todas.

Precariedad y externalización de los servicios públicos

“La degradación del empleo está generando una auténtica crisis de sostenibilidad de la vida de escala global. Por añadidura, se ha producido una suerte de clase social –el precariado- compuesta por trabajadoras y trabajadores pobres con dificultades para satisfacer sus necesidades existenciales y hacer frente a las exigencias de la reproducción social, así como de articularse entre sí a través de identidades colectivas ligadas al trabajo”, señala el informe.

Ante esto, UGT Feminista denuncia los efectos de dicha precariedad, alentando su expansión y dimensión múltiple hacia las condiciones de vida y la reducción de los derechos sociales presentes y futuros, afectando a la autoestima de las personas, así como a la calidad de las relaciones interpersonales y de interacción social.

La precariedad acumula la desigualdad, siendo aún mayor en la vida de las mujeres y su relación con el mercado laboral, “a quienes se asignan trabajos mal remunerados considerados una continuación de sus roles tradicionales de cuidado y que encuentran dificultades de acceso a sectores productivos tradicionalmente masculinos, así como a cargos directivos”.

Definen la externalización de servicios públicos como la base del problema, pues se forma un ciclo de intereses privados que encuentran una oportunidad de negocio, al igual que crea un mercado de trabajo dual que ofrece distinciones en estabilidad laboral y sus derechos.

El panorama de los servicios públicos externalizados de Violencia de Género

Las principales competencias de los servicios públicos externalizados de Violencia de Género se resumen en ofrecer y asegurar el derecho a la información, derecho a la asistencia social integral, jurídica gratuita, inmediata y especializada; derechos de empleo e inserción social; derechos económicos y de seguridad social; derechos de las funcionarias públicas; y derechos de las mujeres extranjeras.

Por todo ello, su descentralización es muy relevante, pues el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres es de especial importancia, debido especialmente a la cercanía.

Sin embargo, los servicios públicos de violencia de género se crearon en pleno auge externalizador, cuya justificación general reside en la necesidad de huir de los densos procedimientos de gestión presupuestaria y de personal del sector público – a pesar de que no existan estudios de mercado que generen evidencias sobre el ahorro en costes-.

Este panorama de contratación externa supuso que los servicios públicos destinados a la violencia de género perdieran parte de su identidad, ya fuera por la contratación subrogada de la plantilla, la falta de una actividad eficiente a causa de externalizarse a empresas privadas que poco tienen que ver con la violencia machista o una gran carencia de calidad laboral.

Estudio de casos

El centro COMETA:

Su trabajo, traducido en la atención y acompañamiento a la víctima, se basa en dos objetivos: velar por la seguridad y contribuir a la recuperación de las víctimas de violencia de género con medidas de alejamiento sustentadas en el control telemático de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.

Todo ello se realiza mediante la instalación de un sistema de telecomunicación que permite detectar la posición de la víctima y del inculpado, avisando de las incidencias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Desde su creación, COMETA pasó a ser un servicio externalizado que ha prestado una actividad ininterrumpida durante las 24 horas todos los días de la semana, aumentando su labor a 1.079 dispositivos cubiertos en 2018.

No obstante, pese al crecimiento, el interés de las empresas privadas fue decayendo en 2017 hasta que las licitaciones obtenidas quedaron desiertas porque ninguna empresa presentó oferta. El interés empresarial decayó por completo.

Pero, ¿a qué se debió la falta de interés empresarial? Desde 2016, la sección sindical de UGT venía denunciando que la tecnología de los dispositivos utilizados generaba cantidades ingentes de falsas alarmas, una denuncia a la que se sumó Ángeles Álvarez, diputada socialista y responsable en la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Era imposible dar un servicio adecuado, en el tiempo necesario, con una tecnología que no funcionaba.

Aunque existía, además, una cláusula de subrogación que obligaba a la empresa sustitutiva a integrar a la plantilla de la empresa cesante, tan sólo afectaría al 49% de los y las trabajadoras, puesto que el 51% restante estaban contratados temporalmente.

A todo ello se suma la falta de especialización en materia de violencia de género de las empresas adjudicatarias.

Si bien en la Ley de Contratos del Sector Público se establece que, en contratos que requieren aptitudes específicas en materia social, las empresas deberán acreditar experiencia, conocimientos y medios, no consta entre los criterios de valoración de las ofertas, factor que no asegura la especialización necesaria.

Aquí reside la preocupación en la subcontratación, como ocurrió en el caso COMETA con Securitas Direct, quien no concurrió en la última licitación y fue subcontratada por Telefónica, una empresa que nada tiene que ver con la violencia de género.

Y si a estos problemas se suma el encubrimiento de trabajo cualificado en categorías laborales no cualificadas o que, finalmente, la gestión de COMETA se centrara como una Central de Recepción de alarmas en la que sus trabajadoras y trabajadores denunciaron que chocaba con la ética profesional de intervención en materia de violencia de género, quedando patente la gravedad de la situación.

El 016:

El Servicio 016 de Información y Asesoramiento Jurídico en Violencia de Género “es el buque insignia de nuestras políticas de género”, pues supone “la puerta de entrada, el primer servicio de la compleja res de servicios de asistencia social, judicial y policial a disposición de las víctimas de violencia de género”.

Desde su creación en 2007, el servicio ha atendido más de 781.730 llamadas, según las estadísticas publicadas por la Delegación de Gobierno.

Además, durante ese mismo año, se procedió a su externalización a otras empresas, provocando un interés que fue decreciendo, llegando a tocar fondo en 2017.

Sus causas se tradujeron –nuevamente- en la falta de especialización de las empresas adjuntas en materia de violencia machista, así como en la aplicación de un convenio de Telemarketing que derivó en la inestabilidad laboral.

A su vez, se repitió una vez más el encubrimiento de trabajo cualificado en categorías no cualificadas de una plantilla compuesta en su mayoría por mujeres, por lo que la falta de calidad afectaba principalmente a ellas.

Con esto, a causa de la externalización y la calidad de licitaciones otorgadas, la gestión del 016 terminó convirtiéndose en un servicio de telemarketing, transformando a los trabajadores y trabajadoras en call centers.

La problemática afecta a la seguridad y salud laboral, pues tal y como afirman en la plantilla, “nuestro trabajo es de una gran responsabilidad y distinto del de una teleoperadora. Ahora se ha convertido en un trabajo estresante, tanto por la carga emocional que conlleva la violencia de género como por las condiciones laborales, que se han degradado con el cambio de empresa”.

Conclusiones del informe

De acuerdo al estudio y datos analizados en el informe, UGT comparte una serie de conclusiones.

En primer lugar, que “la externalización precariza el empleo femenino”, pues la temporalidad del vínculo entre la administración pública y el agente externo impacta negativamente en la estabilidad laboral de las trabajadoras y dispara la contratación temporal.

Además, se recurre abusivamente a categorías profesionales no cualificadas para sostener el servicio destinado a la violencia machista, por lo que dejan de cumplirse los estándares profesionales requeridos.

Por otro lado, “la externalización fragmenta las condiciones de trabajo en los servicios públicos”, afectando también a la negociación colectiva en cuanto a relaciones laborales con los servicios contratados, ya que no se aplica un convenio que atienda a las condiciones laborales de la plantilla y, por tanto, su situación se precariza.

“La externalización no es sinónimo de calidad ni de eficiencia”. Atendiendo a este aspecto, UGT asegura que los procesos de gestión de calidad distan mucho de lo requerido socialmente por un servicio de atención a la violencia de género, pues la externalización termina por afectar al clima laboral, la salud laboral y la ética profesional.

A su vez, la organización concluye en que “el control que ha realizado la administración pública ha sido insuficiente”, en especial debido a la falta de asignación de recursos económicos y humanos, así como a la carencia de una política de control de los contratos suscritos con criterios acorde a un servicio público de violencia de género.

Por último, apuntan también a que la externalización afecta a la limitación del ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas en violencia de género, pues esta forma de gestión de servicios públicos “pone trabas al ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres”.

Propuestas UGT

Ante esta situación, UGT considera que tanto las trabajadoras de estos servicios como las mujeres a las que atienden “son importantes y merecen tanto empleos de calidad, cuanto servicios públicos de calidad”. Por ello, presentan una serie de exigencias que terminen por erradicar esta situación.

- Prestación directa por parte de la administración pública del 016 y de COMETA.

- Medidas transitorias para el control de los contratos ya suscritos, como por ejemplo que la Delegación del Gobierno ejerza la función de control de dichos contratos, o la creación de una comisión de Control de las Externalizaciones que garantice que los servicios se presten por personal cualificado.

- Continuidad en la investigación.

Foto: Archivo AmecoPress.

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Comunicados – Situación social de las mujeres – Feminismo – Empleo y género - Violencia de género. Madrid, 04 dic. 18. AmecoPress.




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