Viernes, 14 de diciembre de 2018.

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Informe "Mujeres con la frente en alto. La tortura sexual en México y la respuesta del Estado"

México: Tortura sexual a detenidas, una constante

En él se documentan 29 casos de mujeres acusadas de haber cometido diversas modalidades de delincuencia organizada y que fueron objeto de tortura y/o tortura sexual

Internacional, Estudios de genero, Mujeres del mundo, Derechos humanos, Violencia sexual, México, Viernes 30 de noviembre de 2018, por Gabriela Ramírez


México, 28 nov. 18. AmecoPress/SEMlac.- El fenómeno de la tortura sexual contra mujeres detenidas no es la excepción en México. Se estima que ocho de cada 10 mujeres bajo custodia en el marco de la política fallida de seguridad militarizada, han sido torturadas.

Así lo señala el informe "Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado", presentado por el Centro Prodh.

En él se documenta a profundidad, 29 casos de mujeres que fueron acusadas de haber cometido diversas modalidades de delincuencia organizada y que fueron objeto de tortura y/o tortura sexual.

Se encontró que, en un contexto de tortura generalizada, la de tipo sexual en contra de las mujeres es perpetrada, con excesiva frecuencia, a manos de fuerzas de seguridad, tanto castrenses como civiles de los tres niveles (federal, estatal y municipal), especialmente la violación sexual, y que dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que alientan o permiten su comisión.

En dicho informe se señala la existencia de un patrón claro en estos actos: la detención ilegal de las mujeres -en 27 de 29 casos en presunta flagrancia- sin que se les informe de los motivos; su traslado a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad, donde son torturadas sexualmente -por medio de violación, abuso sexual y tocamientos-, aparejada a su retención injustificada -en la mitad de los casos de entre 12 horas y tres días-; su presentación ante el Ministerio Público, que en la totalidad de los casos omite su deber de certificar e investigar las lesiones -que posteriormente son registradas en el primer lugar de reclusión-; y un proceso en el que son base las ilícitas "confesiones" y otras pruebas obtenidas bajo tortura sin que las y los jueces investiguen estas circunstancias.

Entre las recomendaciones que se consignan en el informe se encuentra que el Poder Judicial debe garantizar la exclusión de toda prueba obtenida directa o indirectamente mediante la tortura o cualquier otra violación de derechos humanos, asignando la carga de la prueba al Ministerio Público, y cumplir con la obligación de verificar el alegato de tortura, realizando un análisis de toda la información relevante disponible.

A la Procuraduría General de la República (PGR), se le recomienda realizar en un plazo razonable las investigaciones correspondientes e identificar a los responsables de los actos de tortura documentados en este informe identificando patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos; y trasladar la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura a la Fiscalía Especializada para investigar violaciones graves a los derechos humanos, en el tránsito de la PGR a la Fiscalía General de la República.

La recomendación principal para la Secretaría de Gobernación es reactivar las mesas de trabajo del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, y para los titulares de las Fuerzas Armadas el ordenar al personal a su cargo abstenerse de realizar cualquier acto violento en razón del género contra las mujeres y de torturar y de retener ilegalmente a cualquier persona.

Los casos documentados tuvieron lugar en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y las autoridades responsables fueron tanto las castrenses como civiles de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).

Con este documento se busca aportar a la lucha por su libertad, pero también: contribuir al desarrollo del entendimiento de la tortura sexual como violación grave a derechos humanos, documentar y analizar los patrones de detención arbitraria y tortura sexual contra mujeres; revelar los impactos de estas prácticas en los procesos penales; evaluar la respuesta estatal, particularmente en el cumplimiento de las obligaciones jurisdiccionales y visibilizar la vivencia, dolorosa pero también resiliente, de un grupo de mujeres -y sus familias- que en las más adversas circunstancias siguen luchando por alcanzar la justicia.

Foto: Archivo AmecoPress.

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Internacional – Mujeres del mundo – Violencia sexual – Derechos Humanos – Estudios de género. 28 nov. 18. AmecoPress.




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