Viernes, 14 de diciembre de 2018.

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Identidades trans

El PP exige mantener el requisito de "diagnóstico de disforia de género"

La enmienda de los conservadores enmarca el reconocimiento de la identidad trans en un “juego de voluntades”

Estado Español, Política, Sexualidades, Transexualidad, Legislación y género, Madrid, Martes 13 de noviembre de 2018, por Covadonga Díaz Sola


Madrid, 12 nov. 18. AmecoPress-. El Partido Popular, a través de una enmienda presentada en la reforma de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, ha propuesto que se mantenga el requisito de "diagnóstico de disforia de género" para que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo de manera legal. Bajo esta línea, los conservadores buscan que estas personas se vean obligadas a declararse enfermas para ver su identidad reconocida en documentos oficiales.

La ley 3/2007 de 15 de marzo es aquella que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, en la que se plantea que, para autorizar el cambio, sean necesarios dos condicionantes médicos.

Por una parte, se atiende a la obligación de presentar el diagnóstico de disforia de género de la persona interesada en el cambio; por otra, que la misma haya sido tratada médicamente durante un periodo mínimo de dos años “para acomodar sus características físicas a las correspondientes con el sexo reclamado”.

Tras la propuesta de ley presentada por el PSOE y aprobada por el Pleno el pasado 11 de noviembre de 2017 –con voto en contra del Partido Popular-, la reforma busca evitar que ambos condicionantes sean exigidos, de manera que las personas trans no se vean obligadas a presentar un informe médico o psicológico para poder cambiar la mención registral de los documentos oficiales.

Una vez cerrado el periodo de enmiendas, comenzará ahora la convocatoria de sesiones de debate que hagan avanzar la reforma, estancada en la Comisión de Justicia desde el pasado mes de marzo.

En una de ellas, el PP ha considerado necesario mantener el requisito médico de que la persona sea diagnosticada para poder autorizar su cambio de sexo y nombre de manera legal, “porque la identidad sexual u/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares”.

Por el contrario, el resto de grupos mostraron su apoyo a la reforma con el fin de que se precise únicamente de la declaración expresa de la persona que solicita el cambio por el sexo y nombre con el que se sienta identificado.

“Esto supone una vulneración de nuestros derechos humanos que nos coloca en una situación de inferioridad y de patología al tener que demostrar lo que realmente decidimos ser”, señala Leo Mulió, psicólogo del equipo psicosocial Transdiversia y activista trans.

A su argumento se suma el de Natalia Aventín Ballarín, activista de la Asociación de Familias de Menores Transexuales, que considera que la decisión “es una cuestión particular que no ocasiona perjuicio a terceras personas ni debe ser de adjudicación externa.”.

Bajo esta línea, distintos órganos internacionales se suman a la iniciativa e instan a dejar de catalogar la transexualidad como una enfermedad para pasar a considerarla como una expresión de diversidad.

De este modo, el Consejo de Europa adoptó en abril de 2015 una resolución que exige a los Estados a no considerar a las personas trans como enfermas mentales, así como otras iniciativas que vienen de la mano de Amnistía Internacional o la Organización Mundial de la Salud.

Foto: Archivo AmecoPress.

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Estado Español – Política – Sexualidades - Transexualidad -Legislación y género. Madrid, 12 nov. 18. AmecoPress.




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