Martes, 18 de diciembre de 2018.

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Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Las medidas urgentes contra la violencia de género se tramitarán como proyecto de ley ante las críticas de PP y Ciudadanos

El Real Decreto Ley fue aprobado por el Gobierno el pasado 3 de agosto

Estado Español, Política, Legislación y género, Política y género, Violencia de género, Madrid, Jueves 13 de septiembre de 2018, por Covadonga Díaz Sola


Madrid, 12 sept. 18. AmecoPress-. El pasado 3 de agosto el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a fin de poner en marcha las medidas más urgentes. Dicho decreto modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

Estas variaciones imponen nuevas fórmulas que facilitarían la participación de las administraciones locales, fortalecerán la tutela judicial y favorecerán el acceso a ayudas y asistencia jurídicas.

No obstante, tras la reunión que se celebró ayer en el Congreso, este paquete de medidas se tramitará a modo de proyecto de ley, tal y como solicitó el grupo socialista ante las críticas de PP y Ciudadanos. Los populares anunciaban que esa no era la vía correcta para tratar “materias relativas a derecho de familia y capacidad de las personas sin intervención de las Cámaras legislativas”, refiriéndose al empleo que hizo el gobierno del término decreto-ley.

Que se acredite como proyecto de ley se refiere a que está sujeto a las enmiendas de otros grupos parlamentarios para su aprobación en el parlamento. Pese a las contrariedades, el Gobierno de Sánchez accedió en vista de conseguir el mayor apoyo posible.

Entre las medidas implantadas, la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género tomaba protagonismo. De este modo, se modifican algunos de sus epígrafes a efectos de mejorar la asistencia a las víctimas y a sus hijos e hijas menores.

Asistencia jurídica de las víctimas

Se estudiaron variaciones de los artículos 20 y 23 por los que se favorecía la participación de las víctimas en el proceso judicial. Así, se adaptaban una serie de medidas necesarias para la designación urgente de letrados y procuradores de oficio, asegurando una inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Además, el letrado o letrada podría ostentar su representación hasta la personación de la misma en el procedimiento, permitiéndose a la víctima aparecer como acusación particular en cualquier fase del proceso.

Siguiendo la línea del artículo 18.3 del Convenio de Consejo de Europa por el que se exige no supeditar la protección de las víctimas al ejercicio de acciones legales o declaración contra el autor, se estudió concretar y ampliar títulos judiciales que sirvan para acreditar la condición de víctima de violencia de género. Además, se propone establecer otros títulos no judiciales que hicieran referencia a aquellos casos en los que no existe denuncia alguna y, por ende, procedimiento judicial abierto.

Facilitar el acceso económico a las víctimas

En 2017, el 76,5% de las mujeres asesinadas no presentó denuncia ante su agresor. De entre las múltiples razones que existen, uno de los motivos por los que se da esta situación es la falta de recursos económicos por parte de las víctimas.

Por ello, también se facilita el acceso a ayudas económicas, a la par que se permitía una mejora de la compatibilidad de las mismas con las de carácter autonómico o local tras la modificación del artículo 27. Dichas ayudas supondrían recursos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que diferenciarían las distintas situaciones de las víctimas.

Favorecer la participación de los ayuntamientos locales

Otra de las medidas urgentes para el cumplimiento del Pacto de Estado fue la devolución de competencias a las administraciones locales, pues son las más cercanas a la ciudadanía y, en consecuencia, a las víctimas.

En este sentido, se plantea como necesidad urgente la realización de una serie de modificaciones legales del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, que permitan a la administración local llevar a cabo actuaciones a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género.

Además, la Ley 6/2018 de 3 de julio establece una serie de cuantías específicas destinadas a las entidades locales para que puedan aumentar su participación en este contexto.

Asistencia psicológica a hijos e hijas de las víctimas

La protección de menores, hijas e hijos de las víctimas es otro aspecto que precisa de máxima celeridad. Para solventar dicha situación, se incluye una modificación del art. 156 del Código Civil que propone que la asistencia y atención psicológica de los menores quede desvinculada de la decisión común de sus progenitores, siempre y cuando cualquiera de ellos esté inmerso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas de violencia de género se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales o especializados, así como los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género, sin que se medie denuncia alguna.

Foto: Archivo AmecoPress

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