Jueves, 19 de julio de 2018.

Entrevistas
La Colectiva Jalok U, premiada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE)

Mujeres supervivientes de la esclavitud sexual del ejército de Guatemala lograron una sentencia histórica

Se han convertido en ejemplo mundial

Internacional, Legislación y género, Mujeres del mundo, Violencia de género, Violencia sexual, Violencia en conflicto armado, Premios y Reconocimientos, Madrid, Jueves 21 de diciembre de 2017, por Gloria López


Madrid, 21 diciembre. 17. Amecopress. Mas de 70 mujeres sufrieron las desapariciones forzosas y los asesinatos de sus familiares, la esclavitud y la violencia sexual de los militares bajo el silencio del Gobierno. Algunas no sobrevivieron. 15 de las supervivientes denunciaron y, 35 años después, consiguieron que por primera vez en el mundo se condene la esclavitud sexual como crimen de guerra desde un tribunal nacional.


Carmen Xol Ical, una de las mujeres indígenas que fue víctima de la violencia sexual del ejército en Guatemala, está en Madrid para recibir el premio que la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE) ha otorgado a la Colectiva Jalok U, postulada al premio por Mujeres Transformando el Mundo y la Asociación Mujeres de Guatemala. Su marido es una de las 45.000 personas desaparecieron en toda Guatemala durante el conflicto interno. Cuando se lo llevaron, tuvo que dejar a sus ocho hijos solos porque los soldados le obligaron a trabajar para ellos –preparar las comidas, limpiar, lavar sus ropas- y también como esclava sexual, junto a 70 mujeres de su comunidad.

“No podíamos negarnos, teníamos miedo”, relata Carmen. Hoy está satisfecha por la sentencia, por todo el proceso vivido y porque cree que su lucha y la de sus compañeras tendrá efectos positivos para las generaciones venideras. Eso sí, asegura que para descansar quisiera encontrar a su marido.

Lo que ocurrió en Sepur Zarco fue común en otras comunidades indígenas. Muchas mujeres ni siquiera lograron sobrevivir a las agresiones. Y el uso de la violencia sexual es habitual como arma de guerra en todo el país y en todo el mundo. Por eso su condena es tan importante.

Lograr esta sentencia ejemplar no ha sido fácil. Carmen relata que ha sido un proceso de “sanación”, en el que han “derramado muchas lágrimas” y en el que ha sido necesario recibir apoyo. “Nos ayudó la ceremonia maya, que consiste en pedir a los grandes cerros la fuerza para acceder al camino de la justicia y la libertad; agradecíamos y comunicábamos nuestras penas a la madre tierra”. Carmen asegura también que “gracias a todas las organizaciones que nos han ayudado (principalmente por la Alianza Rompiendo el Silencio, integrada por ECAP, UNAMG y Mujeres Transformando el Mundo) podemos contar lo que nos hicieron". Ellas perdieron el miedo; los agresores, su impunidad.

En el proceso judicial, que comenzó en 2009, tuvieron que superar muchos obstáculos. No sabían hablar castellano y cuentan que en su lengua no lograban encontrar las palabras que les permitieran ni describir la violencia sexual que habían sufrido. Tampoco sabían ni leer ni escribir. Jennifer, una de las mediadoras de la organización Mujeres Transformando el Mundo, explica que crearon una metodología muy sencilla para explicar todo el proceso penal a estas mujeres, apoyándose en “animalitos” que estaban en su contexto: “El león era el juez, el loro el fiscal, las abejitas las organizaciones querellantes, y ellas eran las mariposas”.

Primero, en el 2010, se consiguió el primer paso y se reconoció en los tribunales la violencia sexual como crimen de guerra dentro del conflicto armado de Guatemala. En 2011 se interpuso otra demanda denunciando la esclavitud doméstica y sexual de las mujeres y las desapariciones forzosas y asesinatos de sus familias como delitos de lesa humanidad. En 2012 las víctimas declararon, comenzaron las exhumaciones y a investigarse los hechos.

Reparación para la comunidad

Después de tantos años, los hechos han sido demostrados y los culpables condenados: en total, Esteelmen y Heriberto suman una condena de 360 años y deben pagar a cada una de las víctimas 500.000 quetzal, aunque ambos se declararon insolventes quedando libres de las multas económicas.

Ante esto se pidió otra condena, y eso logró el carácter transformador que tiene este caso. Al conseguir que las condenas se reconocieran por "delitos contra la humanidad", también se logró una reparación a toda la comunidad y se emitió una sentencia con 16 medidas para los pueblos indígenas que van desde la construcción de un hospital (hasta el momento, solo cuentan con una unidad móvil encargada de atender a más de 85 comunidades) hasta las mejoras en escuelas o becas en educación para los hijos e hijas. La reparación no solo se pide a los condenados, también al Estado, ya que es responsable al no haber intervenido para parar los delitos del ejército y porque no garantizó sus derechos.

Jennifer explica que la condena es parte de la reparación, pero que estas mujeres, cuando sucedieron los hechos, vivían en un contexto de discriminación y vulnerabilidad, habían sido despojadas de sus derechos, y también tiene que haber una reparación al respecto, por eso era importante que la sentencia incluyera medidas sociales” y aclara que estas medidas no fueron propuestas por las organizaciones o las instituciones, sino por las mujeres de Sepur Zarco. "Queremos es que estos hechos ya no se repitan nunca más", expresa Carmen, y que “nuestras hijas y nietas tengan derecho a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia”.

Fotos AmecoPress y cedidas por la Asociación de Mujeres de Guatemala


Internacional – Violencia de género – Violencia sexual – Legislación y género; 21 de diciembre. 17. AmecoPress




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