Un informe denuncia ante el PE el feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua
La violencia de género en Ciudad Juárez y Chihuahua, traducida en feminicidio, ha mostrado a nivel internacional el mayor grado de discriminación hacia las mujeres, una actuación y procuración de justicia deficientes, tortura a personas detenidas, fabricación de culpables, falta de certeza en los casos, así como hostigamiento y persecución de quienes defienden los derechos humanos, según el informe entregado al Parlamento Europeo (PE) por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), con sede en Chihuahua.
Luz Esthela Castro, directora del CEDEHM y abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas -quien entre diciembre y enero próximos presentará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conjuntamente con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el caso de David Meza, confeso de un feminicidio bajo tortura- entregó un informe sobre violencia de género en Ciudad Juárez al PE.
Cabe recordar que en octubre de 2007, el PE condenó los asesinatos de mujeres en México y Centroamérica, y aprobó un proyecto de resolución presentado por el eurodiputado español Raúl Romeva i Rueda, que exhorta a ambos gobiernos a trabajar conjuntamente con la Unión Europea para frenar el número de muertes.
Las abogadas del CEDEHM, Alma Gómez Caballero y Castro Rodríguez (ésta última participa en el Festival de la Libertad, que se realiza del 13 de octubre al 2 de noviembre en Bruselas, Finlandia y Suecia, donde se hablará del feminicidio en Ciudad Juárez) elaboraron el informe, de 43 folios, para la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional.
El documento
El documento presentado al PE expone la situación de la violencia de género en la entidad fronteriza con Estados Unidos, la cual, señalan, se ha “proyectado a nivel internacional por los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas” desde 1993.
Pero ésta, dicen, “no es considerada como una violación de derechos humanos y desde luego ni se investigan, ni se juzgan, ni mucho menos existe la posibilidad de una reparación del daño”.
Mencionan también cómo la violencia y discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados “como naturales” por quienes operan en el sistema de justicia, lo que se refleja en la respuesta y tratamiento por parte de las juezas y los jueces.
Denuncian que en los casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres, los Ministerios Públicos tienen la facultad de archivar la carpeta informativa cuando no aparezcan antecedentes necesarios para esclarecer los hechos, mientras que los policías no ofrecen un trato digno y humano a las víctimas, además de carecer de perspectiva de género.
Por otra parte, enfatizan que existe un desdén de las autoridades hacia este tipo de casos que en su mayoría son desechados. De 12 casos por el delito de violación presentados en el periodo de enero a mayo de 2007 ante un juez de garantía, dice el informe, en diez de ellos los imputados fueron exonerados.
También informan de algunos avances, como la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para identificar los restos de mujeres no identificadas o de dudosa identificación tanto de Juárez como de Chihuahua.
En la actualidad -informan tanto a Amnistía Internacional como al PE- se ha logrado la identificación de 26 desaparecidas con restos de mujeres, entre los que destacan los de Minerva Teresa Torres Albeldaño, Miriam Cristina Gallegos Venegas, Rosalba Pizarro Ortega, Neyra Cervantes, Claudia Judith Urías Berthaud y Gloria Irene Tarango Ronquillo.
En la investigación han participado los expertos en criminalística forense, Pedro Díaz y Raúl Joffre, que han revisado tres casos para hacer un diagnóstico general y están a la espera de integrar seis más y la recuperación de los restos de Ángela Alejandro Ortiz, indígena del estado de Guerrero, cuya hija vive hoy con sus abuelos.
El nuevo sistema de justicia penal
En el informe, Castro y Gómez repasan lo sucedido en materia de violencia de género a partir de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal que, enfatizan, ha vulnerado aún más los derechos humanos de las mujeres al privilegiar la conciliación y los acuerdos reparatorios con sus agresores.
El derecho de las mujeres a contar con una protección judicial que aporte adecuadas garantías frente a actos de violencia, no es atendida en este nuevo sistema, dice el informe, aún cuando el Estado está obligado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos.
El informe también documenta los casos de violencia de género atendidos por el CEDEHM y las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de violación sexual, en especial de las menores de edad, a quienes pese a contar con el derecho de una interrupción legal del embarazo, se les niega en los servicios de salud estatales.
Fotos: Cedidas por el Gabinente de Comunicación del Psoe en el Parlamento Europeo
Pie de Foto: El eurodiputado socialista, Raúl Romeva
Internacional-Violencia de género; 20 octubre (08) AmecoPress/Cimac