Jueves, 23 de noviembre de 2017.

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La Plataforma 7N exige la activación inmediata del Pacto de Estado contra la Violencia De Género

Reclama el incremento de 200 millones en los PGE 2018 y solicitan al Gobierno una reunión abierta a todas las asociaciones o plataformas feministas de ámbito estatal, autonómico y local

Política, Movimiento feminista, Política y género, Políticas de Igualdad, Violencia de género, Madrid, Jueves 19 de octubre de 2017, por Redacción AmecoPress


Madrid, 19 octubre 2017, Amecopress. La Plataforma 7N contra las Violencias Machistas ha exigido la activación inmediata del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado mes de julio por el Congreso. En este sentido, las organizaciones feministas reunidas en la Asamblea estatal han afirmado que “no vamos a tolerar que el incremento presupuestario acordado no se incorpore a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018”.

Asimismo, desde la Plataforma recuerdan que una vez aprobado, y ya lo aprobó la comisión de igualdad en julio, se remitiría al Gobierno para que en el plazo de dos meses se sometiera a acuerdo con representantes institucionales y sociales, y que en un plazo no superior a 6 meses se hubiesen tramitados todas las reformas legales.

El Gobierno se dirigió a diversas entidades con una carta en la que informaba del “periodo de consultas a la sociedad civil” en octubre y noviembre respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, invitando a “hacer aportaciones por carta” a los informes elevados al Gobierno por el Congreso de Diputados y Senado, para que en el plazo máximo de dos meses (antes del 28 de noviembre) lo someta a acuerdo con los representantes de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos, administración de Justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles’ -lamentablemente no alude a las organizaciones de mujeres-, y que las medidas que supongan la modificación de textos legales sean remitidas por el Gobierno al Congreso antes de finales de marzo 2018.

Las organizaciones feministas han respondido a dicha carta. En primer lugar, han solicitado que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o bien la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género les convoquen, en un plazo no superior a un mes ni inferior a una semana, a una reunión un sábado por la mañana (para que puedan asistir representantes de todo el territorio del Estado) de al menos 5 horas de duración, abierta a todas las asociaciones o plataformas feministas de ámbito estatal y a las plataformas contra la violencias machistas de ámbito autonómico y local que deseen participar.

“Creemos que no puede haber una mejora en la lucha contra las violencias hacia las mujeres sin las organizaciones de mujeres, que una carta es insuficiente para conocer, debatir y responder a las aportaciones y demandas de un número representativo de asociaciones, y que nuestro papel y los espacios de participación son diferentes a los de Gobiernos autonómicos y locales y el Poder Judicial”, argumentan las organizaciones.

En la respuesta al Gobierno la Plataforma 7N ha vuelto a exigir que se cumplan sin dilaciones ni excusas las medidas del Pacto que ahora dependen de actos del Gobierno, en particular el aumento en 200 millones de euros de la dotación presupuestaria del Estado, desde comienzos de 2018, para las medidas contra la violencia de género que ha acordado el Parlamento -medidas 398 al 405 del Informe refundido del Congreso y Senado-. La decisión del Gobierno de no presentar el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 en el plazo establecido por el art. 134.3 de la Constitución no le exime de presentar una modificación presupuestaria para que el Pacto no nazca muerto.

Por último, la solicitud de las organizaciones exige que el Gobierno aplique ya, empezando por los hijos de Juana Rivas, la propuesta del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia en su comparecencia en la Subcomisión parlamentaria de fomentar la aplicación por la judicatura, la fiscalía y la abogacía de los vigentes artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica 1/2004 que, tras la reforma, permiten la suspensión judicial de la patria potestad o visitas, o al menos adoptar las medidas necesarias para una mejor rehabilitación de la mujer y sus hijos e hijas, haciendo además un seguimiento, y las Observaciones del Comité CEDAW para evitar la repetición de asesinatos como el de la hija de Ángela González Carreño y de otros 28 menores desde 2013, el 29% de ellos asesinados de enero a agosto de 2017, sin perjuicio de las medidas 241 a 251 del Informe refundido del Congreso y Senado.

Fotos AmecoPress


Política – Política y género – Violencia de género – Movimiento feminista; 19 de octubre. 17. AmecoPress




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