Víctimas de trata y violencia machista desprotegidas en los CETI de Ceuta y Melilla

Madrid, 12 ene. 17. AmecoPress. Amnistía Internacional ha hecho público un nuevo informe: ‘En tierra de nadie : la situación de las personas refugiadas y migrantes en Ceuta y Melilla’. Con este documento, elaborado tras una investigación en octubre de 2016 a ambas ciudades, Amnistía Internacional vuelve a analizar cuál es el grado de incumplimiento por parte de las autoridades españolas de sus obligaciones de derechos humanos en materia de gestión migratoria y de protección internacional.

Como en las ocasiones anteriores, Amnistía Internacional ha visitado los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) donde se encuentran las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a las ciudades de Ceuta y Melilla, se ha entrevistado con autoridades, organizaciones no gubernamentales y ha recogido testimonios de las personas migrantes y refugiadas en ambas ciudades.

Entre otros aspectos, el informe analiza la situación que viven víctimas de trata que llegan a los CETI de Ceuta y Melilla, así como mujeres que sufren violencia de género. Según fuentes de la organización consultadas por AmecoPress, el informe ha sido entregado a diversas instituciones, organismos y grupos políticos.

Víctimas de trata sin protección

Según la información recopilada por la organización entre varias fuentes, existe el convencimiento de que gran parte de las mujeres que llegan al CETI de Ceuta puedan ser víctimas de redes de trata de seres humanos. La situación es especialmente grave ante la sospecha razonable de que algunas puedan ser menores de edad a pesar de que manifiesten ser mayores de edad ante los funcionarios públicos que las entrevistan. A diferencia de los hombres, las mujeres no entran a través de la valla, sino a través de pequeñas embarcaciones o escondidas en vehículos que cruzan la frontera.

A pesar de la sospecha generalizada entre el personal del CETI de que la mayoría de las mujeres, especialmente las de origen subsahariano, pueden ser víctimas de trata, éste informó a Amnistía Internacional que este grupo no es considerado por las autoridades como un “grupo de especial vulnerabilidad”. Su traslado a la península sigue por lo tanto el mismo criterio que para el resto de las personas que están en el CETI, es decir “según la antigüedad en la llegada” y en función de la necesidad de dejar plazas libres para nuevas llegadas de personas al CETI de Ceuta.

Algunas personas con las que habló Amnistía Internacional identificaron como un problema el hecho de que el centro no cuente con intérpretes para poder realizar en todos los casos entrevistas de calidad, máxime cuando en ocasiones se ofrecen como traductores informales personas de la misma nacionalidad, también residentes en el CETI, especialmente cuando hay sospechas de que las redes de trata pudiesen estar de alguna manera controlando a las mujeres.

Las mismas personas con las que habló Amnistía Internacional coincidieron en señalar que el CETI no reúne las condiciones necesarias para que las víctimas se sientan seguras y quieran colaborar con las investigaciones policiales, y por lo tanto la salida del CETI de estas mujeres debería ser inmediata. La falta de seguridad y el control que se ejerce sobre ellas por las redes de trata provoca que las mujeres sean muy reacias a hablar y no quieran pedir asilo. Por otro lado, cuando sí deciden solicitar asilo, las autoridades suelen rechazar estas peticiones sobre la base de que no aportan información relevante.

Violencia de género

El Comité contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas ha señalado que, en las disposiciones sobre recepción de personas migrantes y refugiadas, queden reflejados aspectos de género y se tengan en cuenta las necesidades específicas de las víctimas de abusos y explotación sexual, traumas y tortura y malos tratos.
Sin embargo, Amnistía Internacional conoció el testimonio de una mujer víctima de violencia de género por parte de su pareja que plantea serias dudas sobre la diligencia con la que se ha actuado por parte de las autoridades españolas. Según la información recabada por la organización, ante casos de violencia de género dentro del CETI se impone como medida sancionadora la expulsión del agresor. Amnistía Internacional manifiesta su preocupación ya que esta medida en sí misma no otorga una adecuada protección a la mujer agredida, sino al contrario, en muchas ocasiones la convierte en un objetivo mucho más vulnerable para su agresor.

La misma fuente confirmó a Amnistía Internacional que el hecho de que el agresor esté durmiendo en la calle, justo fuera del CETI, lleva a que en muchos casos las mujeres no quieran denunciar la situación debido a las presiones que reciben por parte del agresor o, en ocasiones, por su entorno familiar, confirmando además que la denuncia puede suponer una paralización del traslado de estas mujeres a la península hasta que se sustancia el procedimiento judicial contra el agresor.

Testimonio

Marian (nombre ficticio), una mujer solicitante de asilo de 27 años y de nacionalidad argelina, cuando habló con Amnistía Internacional llevaba un año residiendo en el CETI de Melilla junto a su hija de tres años. Contó a la organización que primero llegó ella con su hija a Melilla, y dos días después cruzó la frontera también su marido. Según su relato, durante mucho tiempo Marian había sufrido agresiones continuas por parte de su marido, quien incluso le había obligado a prostituirse, pero en Argelia no tenía posibilidades de salir de esa violencia. En diciembre de 2015, ya en Melilla, su marido la agredió en la calle y hubo testigos que llamaron a la policía. Sin embargo, ella retiró la denuncia y la causa fue archivada. Según contó a Amnistía Internacional, algunas personas le advirtieron de que si seguía adelante con la denuncia se retrasaría su salida de Melilla. Por otro lado, Marian también dijo que tras la agresión no contó con el asesoramiento adecuado para conocer sus derechos como víctima de violencia de género, ya que según su relato no tuvo ningún contacto con personal especializado hasta después de retirar la denuncia. Una de las profesionales del CETI le dijo que tenía que poner fin a esa situación y que recibiría ayuda psicológica. Sin embargo, según Marian, a pesar de este ofrecimiento, apenas recibió apoyo posterior. Tras la retirada de la denuncia por agresión, Marian indicó que su marido fue nuevamente readmitido en el CETI. Le pegó sólo dos días después:
“Volvió peor que antes, me amenazó de que iba a pagar caro haberle denunciado. Me dijo: Yo me volveré a Argelia, pero antes de volver te voy a matar”.

Otra fuente señaló a Amnistía Internacional que la misma Marian pidió al personal del CETI que readmitieran a su marido, que permanecía en la entrada del CETI: “Sufría presiones por su parte, e incluso recibió llamadas telefónicas de las hermanas del marido, quienes le dijeron que si algo le pasaba a él, terminarían quitándole a su hija”.

Tras este episodio, y coincidiendo con una menor ocupación del CETI que permitió que algunas familias compartiesen la misma habitación, y a pesar de los antecedentes de violencia de género, Marian y su hija compartieron habitación con su marido durante un mes. Durante este tiempo, según su testimonio, las agresiones y los abusos fueron continuos. Finalmente, tras una de las agresiones en la habitación, en la que le cogió por el cuello y la golpeó contra la pared, Marian fue a hablar con el director y con una de las mediadoras del centro para contarles lo sucedido. La mediadora le acompañó a interponer una segunda denuncia y le pusieron en contacto con una organización especializada en violencia de género, que le ofreció un alojamiento alternativo. Sin embargo, en el juicio, su marido fue absuelto por falta de pruebas.

Tras la absolución de su marido, Marian indicó a Amnistía Internacional que la ayuda proporcionada por la organización especializada en violencia de género terminó y se vio obligada a volver al CETI. Según su testimonio, su marido había permanecido durante ese tiempo en el CETI, pero cuando ella regresó, él se encontraba fuera del mismo, al haber sido sancionado con un mes de expulsión por haber intentado robar a otra residente. Una persona de una organización de derechos humanos dijo a Amnistía Internacional que, cuando Marian volvió al CETI, se tomó la decisión por parte de los responsables del mismo de no readmitir a su marido.

Sin embargo, el hecho de que su marido fuese expulsado del centro no mejoró la situación de Marian, ya que continuó sufriendo amenazas, incluso de muerte, hasta el punto de que durante mucho tiempo no se atrevió a salir del CETI; hecho que, según dice, puso en conocimiento de la dirección. Sin embargo, según su relato, le dijeron que ése no era un motivo suficiente para que las autoridades en Madrid aceptaran su traslado a la península. Frente a las constantes amenazas, Marian interpuso una nueva denuncia por violencia de género en el mes junio que fue nuevamente desestimada.

“Mi abogada me dijo: Mejor que te pegue para que así tengas pruebas”.
En el momento de hablar con Amnistía Internacional, Marian llevaba dos meses sin saber nada de su marido.
“Según la abogada que lleva mi procedimiento de asilo, han denegado mi petición, me dice que ahora no se puede hacer nada para salir de aquí, porque hemos presentado un recurso [a la denegación de asilo] pero que cuando me lo denieguen definitivamente, harán algo...”
Según la información recabada por Amnistía Internacional, dado su perfil de especial vulnerabilidad, la abogada que llevaba su solicitud de asilo estaba intentando que se autorizase su traslado a la península por motivos humanitarios. Aunque se denegó el asilo en junio, la resolución no fue comunicada hasta el mes de septiembre. Mientras tanto, Marian sigue viviendo en una situación de continua intranquilidad, al no saber cuál va a ser su situación legal tras la denegación del asilo, y no conocer tampoco el paradero de su marido.

Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la falta de medidas adecuadas que garanticen en todo momento la integridad física y psicológica de Marian y de su hija por parte de todas las autoridades competentes, ya que ante esta situación deberían haber trasladado a Marian a un lugar seguro, y proporcionado toda la asistencia e información necesarias como víctima de violencia de género. Además, junto a esta condición de víctima de violencia de género, Marian ha sido durante todo este tiempo también solicitante de asilo, y sin embargo, a pesar de ello, las autoridades españolas han impedido su traslado a la península y no han garantizado el ejercicio de los derechos que como solicitante de asilo tiene reconocidos en la legislación española.

Foto: archivo AmecoPress, cedidas por AI
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Pie de foto: Mariam, 27 años y nacionalidad argelina

Estado español – Violencia de género – Trata – Mujeres inmigrantes; 12 enero. 17. AmecoPress