Cuatro años sin sanidad universal

8 de septiembre de 2016.

Por Redacción AmecoPress

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Madrid, 08 sep. 16. AmecoPress. Latifa tuvo que llamar a un taxi para ir a dar a luz a un hospital público en Madrid. Al ser inmigrante sin papeles, le dijeron que no tenía derecho a que le enviaran una ambulancia. Andy, un joven de 19 años de origen paraguayo que padece diabetes, puede medicarse gracias al doctor que receta al hermano de Abel las caras pastillas e inyecciones que el tratamiento de dicha enfermedad crónica precisa. Y son muchas mas las personas que durante los últimos cuatro años viven en nuestro país sin derecho a la atención sanitaria.

El pasado jueves se cumplieron cuatro años desde la entrada en vigor de la aprobación del real decreto 16/2012, conocido como el decreto de la exclusión sanitaria. Una reforma que ha significado el fin de la universalidad de la atención sanitaria en el territorio español. Algo que nos afecta a toda la población, pero en especial a los grupos más vulnerables: inmigrantes en situación irregular, personas de escasos recursos con enfermedades crónicas, a personas desempleadas y en paro de larga duración que permanezcan fuera de España por más de 90 días. De repente, burlándose del logro social obtenido por la lucha de generaciones, las personas inmigrantes en situación irregular –y que no cotizan, argumentan los defensores de la exclusión- solo tienen derecho a acceder a la atención pública en los casos de urgencia, si se trata de menores de edad y de embarazadas y, por ampliación posterior, a la atención en los casos de enfermedades infecciosas. Cerca de 870.000 personas se vieron despojadas de sus tarjetas.

Parecía que la situación podía cambiar cuando Sanidad en marzo del año pasado se comprometió a crear un documento que permitiese acceder a la atención primaria a los y las inmigrantes sin papeles y que estuvieran empadronadas al menos seis meses. Ese documento aún no existe.

Al comienzo el retraso se justificó porque para lograr un acuerdo con las comunidades autónomas era necesario esperar a la formación de los distintos gobiernos regionales tras los comicios del 24 de mayo. Y a eso se ha ido sumando la falta de Gobierno tras dos elecciones.

Desde que se aprobara el real decreto, todas las comunidades autónomas, excepto Castilla y León y La Rioja, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han aprobado órdenes, instrucciones o decretos con la intención de contrarrestar la reforma sanitaria. Pero la asignación de la tarjeta es una competencia de la administración central.

Estos cuatro años se han saldado, según datos del Ejecutivo, con la exclusión de la sanidad pública de unas 800.000 inmigrantes, cifra a la que asociaciones médicas y sociales suman a miles de ellas que, aún con derecho, se les niega la atención.

Legalizar la exclusión no la legitima

En un informe titulado ‘La salud en los márgenes del sistema’, la Red de Denuncia y Resistencia al real decreto de reforma sanitaria (Reder) hace un balance cuatro años después de la entrada en vigor de la reforma sanitaria. La Red está integrada por 300 organizaciones entre las que destacan la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo o la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública.

En sus páginas se evidencia que “legalizar la exclusión no la legitima, ni la puede invisibilizar”. Los efectos dramáticos y profundamente injustos del Real Decreto siguen ahí cuatro años después. Y tienen cara; la cara de los 388 casos de personas afectadas que REDER ha documentado entre abril y julio de 2016, que sumados a los recogidos desde enero de 2014 alcanzan la cifra de 2.496. Entre los casos de estos últimos cuatro meses encontramos 3 de cáncer, 4 de enfermedades cardiovasculares, 13 de diabetes, 7 de hipertensión, 8 de VIH, 4 de enfermedades degenerativas, 6 de enfermedades potencialmente mortales ó 5 de enfermedades mentales graves.

Desde el mismo momento de la entrada en vigor del RDL, las excepciones que el propio texto contemplaba para garantizar una mínima asistencia en determinados supuestos –menores de edad, mujeres embarazadas y atención de urgencia, y que posteriormente fueron ampliadas para incluir a víctimas de trata en periodo de reflexión así como a personas solicitantes de asilo– fueron sistemáticamente vulneradas. Así, la pérdida de derechos y la desatención alcanzan tintes absolutos para muchas personas. A pesar de las repetidas denuncias de organizaciones sociales, a día de hoy, prácticamente una quinta parte de los casos recogidos se siguen correspondiendo con estos incumplimientos. En un corto periodo de cuatro meses tenemos constancia de 14 casos de mujeres embarazadas (120 desde 2014), 35 casos de menores de edad (180 desde 2014) y 3 personas solicitantes de asilo (13 desde 2014) a quienes se les ha negado acceso al sistema sanitario. Igualmente, contabilizamos 20 incidencias en urgencias (299 desde 2014) que van desde la denegación de asistencia a la facturación de la misma.

Respaldo del Tribunal Constitucional

Especialmente preocupante resulta el inesperado respaldo que el Tribunal Constitucional otorgó a esta política el pasado mes de Julio. En una sentencia que contradice las opiniones que el propio Tribunal había manifestado en diversos autos, declaró la constitucionalidad del RDL 16/2012. Esta resolución, de la que REDER discrepa absolutamente, parece ignorar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos –que prohíben las medidas regresivas de derechos que no se ajusten a los criterios de limitación temporal y no discriminación– dando primacía a criterios economicistas en lo que constituye un peligroso precedente. Así el Constitucional avala que la salud y la vida de miles de personas quede supeditada a la consecución un ahorro económico.

Foto: archivo AmecoPress;
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Estado español – Mujeres inmigrantes – Salud – Legislación y género; 08 septiembre. 16. AmecoPress