Las administraciones de Euskadi se comprometen a aumentar su trabajo por la igualdad

Madrid, 26 de julio. 16. AmecoPress. El Gobierno Vasco y las diputaciones se comprometen, en los próximos cinco años, a aumentar el presupuesto destinado a la igualdad. La Comisión Interinstitucional ha aprobado la Evaluación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que ha obtenido una amplia valoración positiva como instrumento sensibilizador. Al mismo tiempo, ha provocado que la exigencia ciudadana sea mayor.

La Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres se ha reunido en la sede de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Este órgano, encargado de la coordinación de las políticas y los programas de igualdad en las administraciones -autonómica, foral y local-, ha aprobado la Evaluación cuantitativa y cualitativa de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. La propia ley señala que la Comisión tiene que realizar un seguimiento del cumplimiento, desarrollo y aplicación de la Ley cada cinco años y, en su caso, de la oportunidad de revisión de esta.

Las evaluaciones realizadas –una cuantitativa y otra cualitativa- ponen de manifiesto que la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha sido un instrumento jurídico útil y eficaz que ha permitido consolidar en este quinquenio muchos de los avances registrados en los primeros cinco años de existencia de la Ley.

Asimismo, constata que continúa siendo un marco jurídico válido y con recorrido para continuar avanzando y fortaleciendo las políticas de igualdad, sobre todo, por lo que respecta a la dotación de recursos económicos personales y al despliegue de la estrategia de transversalidad desde cada ámbito de competencia sectorial.

Participación ciudadana

Esta evaluación ha sido realizada de acuerdo con los principios del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi, que plantea construir lo público desde lo colectivo, promoviendo una cultura participativa basada en la colaboración entre administraciones y ciudadanía. Desde Emakunde se ha remarcado la necesidad de complementar las valoraciones de las administraciones responsables con la de las personas, colectivas y entidades públicas y privadas afectadas por la aplicación de la Ley.

Con el objetivo de diversificar y enriquecer las opiniones sobre la Ley, se ha establecido una línea de trabajo específica con las asociaciones de mujeres y feministas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como agentes clave de este ámbito. Y es que su visión estratégica resulta imprescindible en la evaluación de esta Ley. De este modo, el proceso de evaluación cualitativo ha recopilado un total de 96 personas y 57 organizaciones, lo que suponen más de 150 puntos de vista.

En este proceso se ha contado con el acompañamiento de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco (DACMA), con canales de comunicación ciudadana abiertos en Irekia y con los resultados del Sociómetro Vasco realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno. Este último, muestra que un 63 por ciento de las personas entrevistadas cree que en los últimos diez años ha habido un avance bastante o muy importante en igualdad.

Compromisos

De la evaluación se desprende que la Ley ha impulsado la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía en torno a la igualdad. Esto ha traído consigo que exista un nivel de exigencia también elevado con respecto a las políticas de las instituciones en dicha materia. Conscientes de esta demanda amplia de la ciudadanía reflejada en la evaluación, el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales han aprobado varios compromisos para priorizar las políticas igualdad en la agenda política para el próximo quinquenio.

Así, entre otros compromisos, han acordado aumentar progresivamente el porcentaje del presupuesto destinado a políticas de igualdad en las administraciones, incrementar el personal dedicado a la igualdad, continuar con el despliegue del Plan director para la coeducación y prevención de la violencia de género en el sistema educativo, garantizar recursos para fortalecer los planes de igualdad en las empresas, prevenir la violencia contra las mujeres potenciando programas de empoderamiento y cambio de valores, garantizar la atención a las víctimas de la violencia contra las mujeres y promover un debate público sobre el modelo económico actual y su incidencia en un desarrollo sostenible que garantice el disfrute de los derechos de todas las personas.

Foto: AmecoPress, cedida por Emakunde
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