La trata en el debate público
Madrid, 14 junio. 16. AmecoPress. En los últimos días la noticia de la posible vinculación de futbolistas internacionales y empresarios con delitos de explotación sexual que están siendo investigados ha llegado a las portadas de periódicos y los informativos de emisoras de radio y cadenas de televisión. Todo ha sido gracias a las declaraciones de la víctima que desencadenó la investigación al empresario del porno Torbe encarcelado desde el pasado abril por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, agresión sexual, pornografía infantil, prostitución, extorsión y contra la salud pública, además de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Una vez más, se pone de manifiesto la complejidad y la implicación de muchos sectores sociales en las redes de trata, que mueven en España alrededor de 3.000 millones de euros al año.
Según datos oficiales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contabilizaron en 2015 a 13.892 personas en riesgo de caer en manos de redes destinadas a la explotación sexual, y desarticularon 42 organizaciones y grupos criminales. La mayoría de las víctimas identificadas por las autoridades en 2015 eran rumanas, españolas y nigerianas –estas últimas han aumentado mucho, según ha denunciado la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a Mujeres Prostituidas, APRAMP-.
La víctima-testigo en el llamado caso Torbe contó a la Policía que fue obligada en 2012 a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, implicando a futbolistas internacionales: David de Gea, hoy portero del Manchester United y a Iker Muniain, delantero del Athletic de Bilbao.
Lamentablemente, el asunto genera más interés por el “compromiso” en el que ha puesto a los futbolistas y las consecuencias en la Eurocopa, que por mostrar la violencia que se está ejerciendo sobre miles de mujeres. Mujeres que no responden a un único perfil, pero que en todos los casos, a pesar de haber sido víctimas de un engaño y de haber sido forzadas a ejercer la prostitución, se suelen sentir culpables y avergonzadas.
Porque el hecho es que se sigue vinculando la existencia de la trata solo a la pobreza, como factor que conduce a las mujeres a venderse. Y no se profundiza en la demanda de prostitución, ni en la existencia de aquellos que se lucran del negocio de la trata. Ellas y no ellos son quienes sufren el estigma y el rechazo social. Y en esto los medios de comunicación son bastantes responsables.
“Es cierto que en los últimos años la prensa ha ido prestando más atención a esta realidad, tratándola con mayor profundidad. Sin embargo, todavía es necesario que los medios informativos se aproximen al tema relacionando las causas y las consecuencias de este grave delito y que ofrezcan información enfocada a incrementar la colaboración ciudadana y a fortalecer los derechos de las víctimas”, afirman desde APRAMP, que lleva más de 25 años junto a mujeres explotadas sexualmente.
La vulnerabilidad y el miedo a denunciar se multiplican cuando las víctimas residen en España de forma irregular. Aunque existe una vía de protección específica en la Ley de Extranjería que permite activar el "periodo de reflexión" en el que la persona identificada como víctima de trata debe decidir durante los próximos 30 días si cooperará en la investigación, las mujeres tienen miedo y no siempre son tratadas adecuadamente. Por cierto, es fundamental dejar de sostener la imagen de que las mujeres extranjeras son explotadas sexualmente por sus compatriotas. Esto contribuye a que la sociedad perciba el problema con lejanía y cierta indiferencia.
Protección de las víctimas
España cuenta con un plan específico contra la trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, las organizaciones sociales de lucha contra la trata piden el desarrollo de una norma con rango de ley para hacer frente a esta vulneración de derechos. Estas entidades llevan tiempo denunciando que muchas veces el la lucha contra la trata prima el elemento de persecución del delito y no tanto la protección a las víctimas.
“Todavía se da falta de empatía y sensibilización por parte de algunos juzgados con las mujeres y con las situaciones que viven; esto van en perjuicio primero de las mujeres y segundo en el propio desarrollo del proceso penal. Sigue costando mucho que los jueces y magistrados permitan que las víctimas testifiquen en el juicio oral a través de videoconferencias, ya que suelen insistir en que declaren en persona en los juicios, lo que añade mucha tensión, angustia y complicaciones logísticas para muchas víctimas que, por razones de seguridad, no residen en el lugar donde fueron explotadas y donde se está enjuiciando el delito”, añaden desde Proyecto Esperanza, otra organización que trabaja atendiendo a mujeres víctimas de trata.
Foto: Amecopress;
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Sociedad – Violencia de género – Trata; 14 junio. 16. AmecoPress