Martes, 23 de enero de 2018.

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Análisis del Pacto de Estado desde una perspectiva de género

La COMPI publica las medidas que deben cambiarse para vivir en una sociedad más igualitaria

Estado Español, Estudios de genero, Política y género, Empleo, Violencia de género, Educación, Madrid, Jueves 10 de marzo de 2016, por Redacción AmecoPress


Madrid, 9 marzo. 16. AmecoPress. Tras la publicación del “Acuerdo PSOE-Ciudadanos para formar un gobierno reformista y de progreso”, un conjunto de 28 asociaciones de mujeres llamado COMPI han hecho pública una resolución sobre las medidas que los pactos de gobierno establecen desde una perspectiva de género.

La Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la participación y la Igualdad (COMPI), formada por 28 asociaciones de mujeres, ha hecho pública la resolución sobre los pactos de gobierno. En ella se establecen los tres grandes pilares sobre los que gira el manifiesto: el empleo, el cuidado de la infancia y dependientes y la violencia de género.

Empleo y salarios

En 2015, la cifra de mujeres en paro fue superior a la de los hombres: 2.391.900 mujeres paradas frente a los 2.387.600 hombres en paro. Por consiguiente, de los 525.000 empleos que se crearon en 2015, tan solo el 42% lo ejercían mujeres, sin olvidar la aplastante cifra del 72,4%, porcentaje que corresponde al empleo a tiempo parcial ejercido por mujeres.

La COMPI asegura que el “Acuerdo PSOE-Ciudadanos para formar un gobierno reformista y de progreso” da más importancia a los recortes que llevarán a cabo en los gastos que a la creación de empleo. En el Acuerdo se hace hincapié en la “racionalización del tiempo de trabajo”, pero no se menciona el reparto y la reducción general de la jornada laboral para mujeres y hombres trabajadores y cuidadores. La Coordinadora describe esto como un “asunto totalmente ajeno” al 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible 2016-2030 de la ONU en el apartado 4 donde se expone: “Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social, así como la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia”.

En cuanto a los salarios, en algunas situaciones, el Acuerdo establece el Ingreso Mínimo Vital que está dotado de 7.000 millones, que se constituye como derecho “familiar”, no individual, apostando ‘indirectamente’ por la familia de hombre proveedor/mujer cuidadora, en lugar de mujeres y hombres proveedores y cuidadores en igualdad. A esto se le suma el deseo de que el subsidio a personas paradas mayores de 52 años esté vinculado a la renta personal y no a la familiar. Según la Coordinadora consideran de positiva esta medida ya que favorece la individualización de los derechos y la no discriminación de las mujeres.

También la COMPI ha analizado las medidas en materia de los permisos de maternidad y paternidad que se establecen en el Acuerdo: “aumentar de 2 a 8 semanas el permiso de paternidad, y de 16 a 18 semanas el de maternidad, del que las semanas intransferibles aumentarían de 6 a 8, manteniendo en 10 las transferibles por la madre al padre”. La Coordinadora critica que esta medida supone un avance hacia los Permisos Iguales e Intransferibles por maternidad o paternidad, pero esto no supone que se vaya a llevar a cabo. Por el contrario, consideran que es positiva la prestación no contributiva por maternidad de 6 meses y que esta medida debería expandirse a aquellas personas trabajadoras sin cotización.

Educación y cuidados de menores y personas dependientes

El Acuerdo PSOE-Ciudadanos defiende la universalización de la escolarización infantil pública de 0 a 3 años, una medida que COMPI considera eficaz aunque aún no se haya concretado el plazo para llevarla a cabo.

La Coordinadora también ha criticado el incumplimiento por parte de ambos partidos políticos del artículo 4 al 9 de la Ley 0.1/2004 contra la Violencia de Género y el artículo 14 del Convenio de Estambul. Esta ha sido la consecuencia de que en el Pacto por la Educación no incluye la prevención y atención a la desigualdad y la violencia de género en todos los centros docentes.

En cuanto a las menores, la Coordinadora define en su resolución de “discriminatoria y contraria” la restricción del aborto a las menores de 18 años según la Ley Orgánica 11/2015 de 21 de septiembre. Explican que esta medida es totalmente contraria al “punto 31.b de las Observaciones CEDAW a España, al artículo 12 sobre Salud de la
Convención CEDAW y al artículo 14 de su Recomendación General 24, que ‘exige que los Estados Partes se abstengan de (…) restringir el acceso de la mujer a los servicios de atención médica ni a los dispensarios que los prestan por el hecho de carecer de autorización de su esposo, su compañero, sus padres o las autoridades de salud’, lo que concierne al PSOE, a Ciudadanos y a todos los partidos y poderes públicos”.

Respecto a las personas dependientes, COMPI muestra su deseo de que, más adelante, se cree un ‘Pacto de Estado’ en el que se defienda la universalización de la atención profesional, pública y suficiente a las personas en situación de dependencia, quienes actualmente el 68% de ellas están cuidadas por sus hijas. Además de ello, desean que en ese pacto se derogue el aumento del copago, las incompatibilidades y la supresión de la Seguridad Social de las cuidadoras con “paguita”.

Violencia de género

El Acuerdo PSOE-Ciudadanos también establece medidas en materia de violencia de género. Acerca de ellas, la COMPI manifiesta lo siguiente:

- La Ley contra la Violencia Intrafamiliar no debe diluir la igualdad de género

- En cuanto al Pacto Social, Político e Institucional contra la Violencia de género, la Coordinadora apuesta por actualizar y completar la Ley Orgánica y sus disposiciones de desarrollo con participación de las organizaciones sociales. También desean que la trata, la mutilación genital y los crímenes de honor señalamos debe añadirse expresamente la violencia sexual en cualquier ámbito.

- Consideran positivo que se aborde la “financiación de la prevención y asistencia social a la VG en CCAA y ayuntamientos”.

- El acompañamiento judicial personalizado exige, como el Estatuto de la Víctima, medios concretos.

- Es positiva, y conforme a los arts. 18 y 21 del Convenio de Estambul, la atención integral a víctimas que hayan retirado la denuncia, que ha de extenderse a las que no la llegan a presentar.

- El Plan de Sensibilización y Prevención de la VG y el de educación afectivo-sexual en las instituciones educativas deben imbricarse, sin diluirse, en el de Convivencia Escolar mencionado.

- Y, por último, la COMPI establece que, en cuanto a la custodia compartida se “garantice que no se aprueben leyes que establezcan la custodia compartida como norma general para decidir en los casos de custodia de los hijos, y tome medidas para abordar adecuadamente la consideración de las necesidades específicas de las mujeres y los niños a la hora de determinar la custodia de los hijos en los casos de violencia doméstica”.

Para finalizar, la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la participación y la Igualdad (COMPI) pide que, entre las medidas por la igualdad entre hombres y mujeres, haya mecanismos nacionales de igualdad efectivos, como por ejemplo “aumentar los recursos del Instituto de la Mujer, restablecer el Ministerio de Igualdad con recursos humanos y financieros necesarios para coordinarse con las comunidades autónomas, aplicar políticas de igualdad de género de alto nivel y cooperar con las organizaciones de mujeres”.


Foto: Archivo AmecoPress, cedida por COMPI


Estado Español – Política y género – Empleo – Violencia de género – Educación – Estudios de género; 9 marzo. 16. AmecoPress




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