La III Cumbre Mujeres Juristas del ICAM pide protección de género en la crisis migratoria

27 de octubre de 2015.

Por Redacción

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Madrid, 27 octubre. 15, AmecoPress. El Colegio de Abogados de Madrid clausuró el sábado 24 de octubre su III Cumbre de Mujeres Juristas con la presencia de la ex ministra de Italia, Paola Severino; la decana, Sonia Gumpert, acompañada de la secretaria de la Junta de Gobierno, Carmen Pérez Andújar, y las diputadas Begoña Castro, Maite Nadal y el diputado José Manuel Pradas.
 
Esta tercera edición ha contado con la presencia de destacadass ponentes y profesionales del ámbito de la abogacía, jurídico y de la comunicación. Una de las novedades ha sido la presencia de hombres en las cuatro mesas que se han celebrado.
 
Durante estos dos días se ha analizado la situación de las mujeres juristas en puestos de responsabilidad, la carrera profesional de las abogadas en los despachos, el papel de las mujeres en la comunicación jurídica, y el ámbito de la violencia contra las mujeres.
 
En su ponencia de clausura, Paola Severino ha explicado los avances y retos a los que se enfrenta su país en materia de igualdad y no discriminación, en particular, en el ámbito jurídico a través de la denominada “cuota rosa”.
 
Severino ha resaltado que “hay que incluir a los hombres en la consecución de la igualdad” y ha destacado las palabras “vocación y trabajo en equipo como fórmulas para obtener el éxito profesional”, con independencia del género.
 
En el acto de clausura, la decana, Sonia Gumpert, ha tenido un recuerdo para las últimas víctimas de la violencia de género y ha insistido en la imprescindible necesidad de erradicar cualquier trato discriminatorio por razón de género.
 
El diputado José Manuel Pradas ha cerrado ésta Cumbre con la lectura de las conclusiones de las cuatro mesas redondas:
 
Conclusiones
 
Primera. Las mujeres acceden a puestos de responsabilidad con mayor esfuerzo, compromiso y dedicación, ya que, a pesar de los avances conseguidos, hay que trabajar más que un hombre para acceder al mismo puesto.

 

En la carrera judicial, los ascensos se realizan mediante nombramientos no reglados, es decir, por designación. En el caso de los altos directivos de empresas son elegidos por quienes forman ya parte de la dirección cuya mayoría son hombres.

 

Segunda. En España las dificultades son mayores que en otros países europeos donde no hay excesiva dificultad para acceder a puestos directivos intermedios. Sin embargo, para acceder a puestos de primer nivel en Organizaciones Internacionales los obstáculos se equiparan a los españoles.

 

Tercera. A pesar de que no hay diferencia en la gestión del trabajo que realizan las mujeres, a medida que va ascendiendo a puestos de alta dirección encuentra que los hombres son valorados por su potencial y las mujeres en base a resultados demostrados.

 

Las mujeres deben recibir más apoyo dentro de los equipos, puesto que es necesaria la diversidad para ofrecer más riqueza en el trabajo diario.

 

Las mujeres no pueden pagar un precio por tener hijos e hijas, pero la realidad es que es a ellas a quienes más afecta la conciliación de la vida familiar y laboral.

 

Cuarta. El porcentaje de mujeres socias en los grandes despachos es de un 15,7% en una profesión donde ellas obtienen mejores expedientes académicos. Esto significa que las mujeres en la abogacía tienen que hacer un sobre esfuerzo ya que la desigualdad afecta a su carrera profesional.

 

Los planes de igualdad, tal y como están concebidos, parece que no funcionan.

 

Hay tres problemas básicos que deben ser abordados de manera previa o paralela a la conciliación en los despachos de abogados: existe un problema en cuanto a la carga de trabajo; también un problema estructural orientado a la base social española para implantar la flexibilidad laboral; y, no está bien valorado el trabajo de abogados y abogadas.

 

Las organizaciones profesionales juegan un papel importante a la hora de realizar políticas de igualdad para sus asociados y asociadas. Las políticas de igualdad deben ir dirigidas tanto a mujeres como a hombres.

 

Quinta. En materia de lenguaje jurídico, España está a la cola de la mayoría de los países, incluidos los de Latinoamérica que llevan trabajando en estas cuestiones más tiempo que en nuestro caso.

 

El derecho a comprender por parte de la ciudadanía requiere mayores esfuerzos de las instituciones judiciales. Se debería profundizar en la redacción de las resoluciones ya que en muchas ocasiones utilizan un vocabulario “encapsulado” con términos sustituibles y que dificultan enormemente la comprensión.

 

Las personas responsables de legislar entienden que la utilización del masculino en el lenguaje jurídico tiene que ver con su origen, con la antropología de las palabras. Fijan la palabra que entienden más correcta con independencia de que se trate de un interesado o de un demandante. La conclusión a la que llegan es que lo sexista no es tanto el lenguaje en sí como realmente el mensaje, en la medida en que se intenta redactar utilizando el término más adecuado con independencia de que sea masculino o femenino. Eso no significa que se alcance dicho objetivo.

 

El lenguaje sexista no tiene que ver con el sexo sino con el abuso de poder como es la violación o la violencia de género. El lenguaje sexista consigue convertir a las mujeres en audiencia cautiva.

 

La exclusión y la autoexclusión sociolingüística conducen a una menor autoestima y a una carencia de la confianza necesaria para el liderazgo.

 

Sexta. La igualdad debe sentirse no pensarse. La educación de los jóvenes, tanto en los centros educativos como en casa, además de la información que reciben a través de los medios de comunicación y de las redes sociales debe ser íntegramente igualitaria.

 

Séptima. Muchas situaciones de violencia se producen o agravan por el hecho de ser mujer.

 

La desigualdad entre hombres y mujeres se percibe en menor medida entre la adolescencia y juventud que entre la población adulta. De igual forma, en cuanto a las situaciones de violencia los y las adolescentes y jóvenes tienen una percepción menor que las personas adultas.

 

Y todo ello a pesar de que el número de órdenes de protección establecidas ha aumentado notablemente entre las menores de 18 años.

 

Las nuevas tecnologías deben asumir un papel protagonista en favor de la igualdad de género y para solucionar este problema de falta de percepción real de la desigualdad y la violencia desde la concienciación y la denuncia de las situaciones creadas.

 

Mención especial

 

Queremos aprovechar esta oportunidad para lanzar un alegato en favor de la protección de género en la actual crisis de la emigración que se ha convertido en crisis humanitaria, en favor de las mujeres migrantes, en general, -muchas de ellas, embarazadas- y, desde luego, en favor de las mujeres para que puedan ejercer legítimamente el Derecho de Asilo reconocido por las normas internacionales.
 
Foto: AmecoPress.
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Estado español – Legislación y género – Lenguaje no sexista – Mujeres inmigrantes – Violencia de género. 27 octubre. 15. AmecoPress

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