El Consejo Fiscal propone a Pilar Martín como fiscala de Violencia sobre Mujer
Madrid, 21 julio. 15, AmecoPress. El Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado que preside la fiscal general Consuelo Madrigal, ha decidido este martes en una sesión plenaria la dirección de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, a la que se han presentado cinco candidaturas. La elegida ha sido Pilar Martín Nájera, fiscal del Tribunal Supremo.
Otros candidatos y candidatas a la plaza, vacante tras el fallecimiento de su responsable Soledad Cazorla el pasado 4 de mayo, han sido Manuel Campos Sánchez, fiscal de la Comunidad Autónoma de Murcia; Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco; Teresa Peramato Martín, fiscal de Violencia sobre la Mujer; y María Ángeles Montes Álvaro, fiscal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Grupo Parlamentario Socialista había solicitado la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, quien, oído el Consejo Fiscal, es la encargada de proponer al Gobierno a la persona que ocupará el cargo de Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, para conocer los “criterios objetivos” que utilizaría en la elección. Según explican fuentes fiscales normalmente el fiscal general propone al candidato o candidata que ha obtenido el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal, que aglutina a la cúpula de la carrera fiscal y a representantes de las asociaciones de fiscales. Después el Gobierno se encarga de su aprobación en Consejo de Ministros.
Los y las socialistas han mostrado su preocupación ante la posibilidad de un nombramiento que atienda a criterios políticos y no a la especialización que reclama el cargo. Y han recordado el esfuerzo realizado por el Estado en la formación de los fiscales y fiscalas que se ha realizado en los últimos años, en cumplimiento de uno de los principios de la Ley Orgánica contra la Violencia sobre la Mujer, el principio de especialización, necesario para poder combatir con una mayor eficiencia este tipo violencia, “sustentada en valores socioculturales que sitúan a la mujer en una posición de supeditación en relación con los varones”.
También organizaciones feministas y especializadas en violencia de género y las secretarías de mujer e igualdad de los Sindicatos pertenecientes al Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer dirigieron un escrito a la titular de la Fiscalía General del Estado, para solicitarle que en la elección de la persona que se hará cargo de la Fiscalía de Sala contra la Violencia de Género, considerara de forma preferente la especialización, trayectoria y conocimiento en materia de violencia de género de las candidaturas.
Las organizaciones consideran que la especialización de los operadores jurídicos en todos los ámbitos uno de los factores que todas las instancias reclaman como esencial no sólo para una correcta aplicación de la Ley, sino para que los derechos de las mujeres víctimas se protejan de forma adecuada a lo largo de los procesos judiciales, y la asunción de los retos en la mejora de la aplicación de la Ley que aún están pendientes.
Soledad Cazorla, que falleció en Madrid, fue la primera mujer en dirigir la red de fiscales especialistas en violencia contra la mujer, que puso en marcha tras la entrada en vigor en 2004 de la ley de violencia de género.
“La labor realizada por Soledad Cazorla marca el camino, el modelo y el nivel de compromiso”, subraya la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, quien reclama por ello “dar continuidad”. “Se precisa acreditar experiencia y solvencia en la lucha contra esta violencia, porque no se puede poner en riesgo lo conseguido ni retroceder”, subraya Álvarez, por lo que el grupo socialista ha pedido objetividad a la hora de designar un cargo de tanta trascendencia para las políticas públicas contra la violencia a las mujeres.
Asimismo, se va a solicitar información sobre el “perfil estadístico de las circunstancias” que concurren en los casos mortales relacionados con la violencia contra las mujeres, la valoración de la Fiscalía en relación a los datos estadísticos relacionados con las disminución de denuncias, los referidos al aumento o descenso de las Órdenes de Protección, quebrantamiento de las mismas y otros aspectos relacionados con asuntos de su competencia.
Fotos: AmecoPress
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Estado español – Legislación y género – Violencia de género – Maltratos; 21 julio. 15. AmecoPress