Una reforma que ignora la realidad
Madrid, 21 julio. 15, AmecoPress. El pleno del Congreso aprobó el pasado jueves la reforma de la ley del aborto presentada por el PP para impedir que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres y las madres. En el proceso tres diputados y dos diputadas “populares” han roto la disciplina de partido: cuatro han votado en contra y uno se abstuvo. Una decena de asociaciones pidió el jueves la retirada de una reforma que ignora que casi el 90 por ciento de las menores de edad que han interrumpido su embarazo lo han hecho informando y estando acompañadas por sus progenitores y pone en riesgo a un colectivo social "pequeño pero muy vulnerable", de mujeres jóvenes que no encuentran apoyo en su medio familiar.
Con el paso dado el jueves se avanza en el trámite de esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso después de que el Gobierno retirase en septiembre de 2014 la reforma del aborto que había planteado el Ministerio de Justicia, un proyecto que proponía la instauración de un sistema de supuestos más restrictivo que el vigente desde 1980 y cuya desaparición implicó la dimisión de Alberto Ruíz-Gallardón.
La modificación afecta a las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores y tutoras legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de las personas responsables de su tutoría, tendrá que acudir al sistema judicial para encontrar mediación.
Así, la proposición de ley establece que "los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con los dispuesto en el Código Civil". Sin embargo, no indica los plazos que deben regir el procedimiento por el que un juez o una jueza decidirá en caso de conflicto entre los padres y la menor. Los juzgados civiles están especialmente saturados en España. Algo que abre la puerta a que en el momento de adoptar la resolución, la mujer ya no pueda interrumpir voluntariamente su embarazo por haber sobrepasado el límite legal para hacerlo (14 semanas para aborto libre).
La intención del PP ahora es enviar el texto al Senado para que sea aprobado sin modificaciones y pueda estar listo para su publicación en el BOE a finales del mes de septiembre.
Piden la retirada de la reforma
Una decena de asociaciones han pedido la paralización de la reforma de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo antes de su aprobación definitiva. Consideran que la reforma aprobada hoy por el Congreso para su remisión al Senado puede conculcar la autonomía legal de las mujeres e "ignora" que casi el 90 por ciento de las menores de edad que han interrumpido su embarazo lo han hecho informando a sus progenitores y estando acompañadas por ellas. Las que no pudieron hacerlo son un colectivo "pequeño pero muy vulnerable", que son las jóvenes con riesgo de sufrir malos tratos o caer en la exclusión social. "Un porcentaje pequeño de mujeres pero al que se puede abocar a abortos clandestinos, desamparo e inseguridad legal", aseguran desde las asociaciones que acusan al Ejecutivo de "confundir a la opinión pública ocultando la realidad objetiva" y de no tener en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales.
La petición de paralización de la reforma está encabezada por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). Y recuerdan, en una nota de prensa, que Sespas está integrada por las sociedades de salud pública de Cataluña y Baleares (Sspcib), Madrid (Amasap), Andalucía (Hipatia/SASPAS) y Canarias.
Además, forman parte de la misma la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), la Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica (SEEP), la Asociación Economía de la Salud (AES), la Red Española de Atención Primaria (REAP) y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
Las citadas sociedades médicas y de salud exigen que se implemente la estrategia de salud sexual y reproductiva vigente, con énfasis en la formación en educación sexual del profesorado, mejor acceso a los dispositivos de salud sexual y reproductiva y planificación familiar y una mayor financiación de los anticonceptivos más seguros y fiables.
En esa misma línea se manifiesta la Sociedad Española de Contracepción (SEC), que ha asegurado en un comunicado que la reforma es “un insulto más a las mujeres, se fundamenta en datos falsos y conduce al aborto clandestino e inseguro”. La SEC reclama la prevención en salud sexual y reproductiva y el desarrollo de una sexualidad saludable, placentera y responsable.
La actual Ley de salud sexual y reproductiva e IVE está resolviendo, en condiciones sanitarias adecuadas y con las debidas garantías jurídicas, la demanda de aborto en nuestro país. Por ello la Sociedad Española de Contracepción reclama que no se modifique la actual ley y que se desarrolle definitivamente su título primero que, bajo la rúbrica “De salud Sexual y Reproductiva” aborda de manera coherente los elementos necesarios para una adecuada prevención en salud sexual y reproductiva (embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual, ITS.) y el desarrollo de una sexualidad saludable, placentera y responsable.
En el artículo 13 de la vigente ley, dentro de los requisitos comunes, ya se recoge la posibilidad de abortar para las mujeres de 16 y 17 años y se especifica que “al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer”. La ley incide en prescindir de la información únicamente “cuando la menor alegue, fundadamente, que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”. En España las menores de 16 y 17 años que accedieron a una IVE en los últimos años es del 3,60% y de ellas sólo el 12,38% no pudieron informar a sus padres y madres.
Fotos: archivo AmecoPress
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Estado español – Comunicados – Debates – Aborto – Las jóvenes – Feminismo – Movimiento feminista – Legislación y género; 21 julio. 15. AmecoPress