Aborto en Latinoamérica. Avance o retroceso
Cada año se producen aproximadamente de 40 a 50 millones de abortos en el mundo, 20 millones de los cuales son considerados inseguros, y el 95% son realizados en países en vías de desarrollo. La terminología “aborto inseguro” utilizado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), es solo una forma más de denominar aquellos abortos que en su mayoría son provocados de forma ilegal y sin condiciones médicas ni higiénicas.
A pesar de estas cifras todavía hay zonas en el mundo que siguen negando a las mujeres su derecho a un aborto legal y en condiciones adecuadas, como es el caso de muchos países de América Central y América del Sur. En Latinoamérica se producen al año alrededor de 4,5 millones de abortos inseguros, que en el 21% de los casos terminan con la muerte de la mujer.
Las sociedades de estos países tienen en común una exacerbada influencia de la Iglesia Católica, y por lo tanto, un rechazo rotundo a la legalización del aborto, al que denominan como “asesinato”, a la vez que todas las culpas de este “delito” recaen en la mujer que lo practica, aún en casos de abusos sexuales. En Colombia, país donde se practican más de 300.000 abortos al año, la mayoría clandestinos, a pesar de que en 2006 se despenalizase la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos (cuando la vida de la madre corra peligro, por malformaciones del feto y por violación), el Vaticano excomulgó a los médicos que le practicaron un aborto a una niña de 11 años que fue violada durante cuatro por su padrastro.
El caso de Paulina Ramírez, víctima a los 13 años de una violación, y a quien el gobierno de Baja California le negó su derecho al aborto legal, es un claro ejemplo de que las cosas, aunque lentamente, están empezando a cambiar. Siete años de lucha después, los gobiernos federal y local reconocieron su responsabilidad y se comprometieron a entregar a la joven los recursos necesarios para garantizarle estabilidad laboral y servicios de salud para ella y su hijo.
Actualmente, la mayoría de los países de Latinoamérica han despenalizado el llamado “aborto terapéutico”, es decir, aquel aborto que se produce porque el embarazo entraña riesgos para la madre o el feto. Sólo Cuba, Puerto Rico y Guyana tienen legislaciones liberales, mientras que en el Salvador, Chile, Honduras y recientemente Nicaragua, desde el 26 de octubre de 2006 el aborto está prohibido por ley en cualquier caso.
En Chile, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la mujer es la vulneración de su derecho a la confidencialidad. Las disposiciones legales que existen en este país obligan a los profesionales de la salud a denunciar a las mujeres que recurren a los servicios de salud por complicaciones de un aborto inducido. Mujeres, que generalmente, en la mayoría de los casos, son de escasos recursos y no tienen un fácil acceso a métodos anticonceptivos.
Estudio aparte merece el caso de Nicaragua, donde en el año 2006 se produjo la derogación por la Asamblea Nacional del Artículo 165 del Código Penal que permitía el aborto terapéutico desde hace más de cien años para prohibirlo en todos los casos. Incluso la ley nicaragüense ha previsto penas de hasta ocho años de prisión a quien practique un aborto para salvar la vida de una mujer.
A pesar de todo, hay indicadores para un optimismo moderado. Se observa en algunos países de la región, una mayor movilidad y compromiso social ante el aborto, en particular de los profesionales de la salud. En muchos casos, este compromiso es resultado del creciente interés de la sociedad por involucrar a este sector cuya actuación resulta primordial en la atención del aborto y sus consecuencias. Es en este escenario donde la participación activa del movimiento feminista a favor de la ampliación de la legislación y la despenalización del aborto, así como en apoyo a la regulación de la atención del aborto en los servicios de salud, ha sido fundamental para los logros que se han dado.
Internacional-8 de Marzo- Aborto- 8 de marzo (08), AmecoPress