El aborto en Estados Unidos: la doble moral
El 22 de enero de 1973 vio la luz la sentencia Roe v. Wade, en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos definió el aborto como derecho constitucional. En aquella sentencia, el Tribunal Supremo dictaminó que la mujer tiene derecho a abortar en los primeros meses de embarazo, reconociéndolo un derecho constitucional derivado del más general “derecho negativo a la privacy”, protegido, según los jueces, por la Primera Enmienda. Sin embargo, esta liberal postura ha sido, poco a poco, mermada por distintas sentencias y lecturas, llegándose un auténtico mosaico legislativo, con diversos grados de restricción sobre el derecho a abortar.
La decisión del Tribunal Supremo de 1973 suprimió las barreras al aborto establecidas en las legislaciones de los distintos Estados. No se trataba, por tanto, de una despenalización en determinados supuestos, como en la mayor parte de las legislaciones europeas, sino de un derecho constitucional inviolable, que las leyes penales de los Estados deben respetar, sin limitar su ejercicio.
Es un derecho constitucional y, por lo tanto, el poder legislativo (tanto el federal como los federados) debe respetarlo. A pesar de esto, algunos Estados comenzaron a limitarlo, por ejemplo, mediante la exigencia del consentimiento paterno y/o materno cuando la embarazada es menor de edad.
Esto sucede ya en la mayoría de los Estados, aunque se dan situaciones fraudulentas: madres del estado de Misissippi (donde es necesario el consentimiento de ambos padres) que llevan a sus hijas a Alabama (donde basta el de uno sólo). Muy extendida está también la exigencia legal de petición de consejo a un especialista, que muchas veces incluye un período de reflexión previo a la decisión de abortar. En un tercio de los Estados ha quedado limitada también la financiación pública de los abortos.
La influencia de Bush
El movimiento pro vida en Estados Unidos avanzó con fuerza apoyado por la llegada de Bush a la Casa Blanca. Mientras pensaba en intervenciones militares en distintos países, el Presidente norteamericano, dentro del suyo promovió “iniciativas a favor de la vida” como por ejemplo el declarar el 22 de enero como Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana.
Muestra de esta influencia son los hechos producidos en el ámbito legislativo estadounidense. El 25 de septiembre del 2002, la Cámara de Representantes del Congreso aprobó un proyecto de ley que amplía los márgenes de la objeción de conciencia de médicos, seguros e instituciones sanitarias. La ley permite que los hospitales se nieguen a realizar abortos y las compañías de seguros a pagarlos sin que pierdan la financiación federal.
Esta cláusula favorece que los hospitales católicos y otros opuestos al aborto no se vean obligados a realizarlos por imperativo legal. En el 2004 el Tribunal Supremo de EE.UU. sentenció como constitucional la ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Bush en 2003 que prohíbe el aborto por “nacimiento parcial”, procedimiento que se lleva a cabo en gestaciones avanzadas y que supone la decapitación del feto. La sentencia, aprobada por una mayoría de 5-4, supuso un hito en la historia del aborto legal en Estados Unidos, ya que era la primera vez desde la despenalización del aborto en 1973 que el máximo órgano judicial del país da luz verde a una ley que lo prohíbe en algún caso, aunque hubiera admitido ciertas restricciones (por ejemplo, exigir la notificación a los padres antes de que aborte una menor).
Según una encuesta citada por el Herald Tribune, un 40% de los norteamericanos consideran que el aborto debe ser legal; un 20% está en contra, y un 40% piensa que debe someterse a límites más estrictos. Existe también un amplio movimiento social que trabajó para lograr la despenalización del aborto y que lucha para no perder los derechos adquiridos. Entre otras organizaciones destacan la APPF (Federación Americana de Planificación Familiar) y la Fundación Mayoría Feminista.
Internacional-8 de Marzo- Aborto-8 de marzo (08), AmecoPress