Organizaciones de mujeres rechazan la ley de custodia compartida
Madrid, 12 febrero. 15. AmecoPress. El grupo socialista ha preguntado al Gobierno si los maltratadores podrán tener la custodia de sus hijos e hijas. El Ministerio de Justicia y el de Sanidad lo niegan. Pero lo cierto es que el anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental abre la puerta a que esto suceda.
El Ministerio de Justicia facilitó a las organizaciones feministas el 15 de enero el Anteproyecto de de Ley sobre el ejercicio de corresponsabilidad parental y otras medidas en los casos de nulidad, separación o divorcio. Entre otras cosas, incluye aspectos como la posibilidad de que un maltratador obtenga la guarda de los hijos e hijas si así lo estima el juez o la jueza, o la imposición de la custodia compartida incluso cuando no haya acuerdo entre progenitores y ninguna parte lo haya solicitado. Evidentemente, las asociaciones rechazaron de pleno la normativa.
“Retiren el anteproyecto –ha pedido Carmen Montón en la sesión de control al gobierno en el Congreso- no cometan esa barbaridad. Se lo están diciendo las asociaciones de mujeres, las personas expertas en violencia de género”, ha destacado. “Un maltratador no es un buen padre. No debe tener ni custodias ni visitas” y ha recordado que así lo ha dicho incluso Naciones Unidas, en la condena por el caso de Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada por el padre maltratador, a pesar de las continuas denuncias de la madre.
El borrador del anteproyecto recoge en su artículo 92 bis. Punto 3. Letra c: “Excepcionalmente, aunque ninguno de los progenitores solicite su ejercicio compartido, el juez, motivadamente y previo informe del Ministerio Fiscal, podrá acordarla si sólo de esta forma se protege el interés superior de los hijos y exista mutuo respeto entre los progenitores que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor”.
Las organizaciones feministas nunca han pretendido la custodia en exclusiva para las mujeres, sino que piden que en ningún caso se pueda imponer la custodia compartida si no es por voluntad y mutuo acuerdo de las partes. De hecho, con la legislación existente es posible esta fórmula. Según el INE, de los 94.885 divorcios de 2013, se resolvieron con custodia compartida 9.032.
Personas expertas y feministas insisten en defender la opción de la custodia compartida de mutuo acuerdo como el mejor régimen de convivencia que puede establecerse para hijos e hijas y también para padres y madres. Efectivamente, en un contexto igualitario, la custodia compartida es sin duda el modelo ideal tras una separación o divorcio, el que mejor refleja y respeta esa igualdad de partida y, con ella, el interés de las y los menores que la tienen integrada en sus códigos afectivos y de convivencia. Los problemas comienzan cuando la igualdad no ha presidido dichos códigos antes de la separación y pretende irrumpir en momentos de crisis. Entonces, imponer la custodia compartida es un error que de manera especial conlleva efectos negativos para las y los menores.
Un maltratador no es un buen padre
Pero el punto más conflictivo del anteproyecto es la posibilidad de permitir a un maltratador la relación con sus hijos e hijas. Artículo 92 bis. Punto 6: “Excepcionalmente, de manera motivada y previo informe del Equipo Técnico Judicial, el juez podrá establecer, si lo considera conveniente para la protección del interés superior de los hijos en atención a la entidad y gravedad del delito cometido, a la naturaleza y duración de la pena y a la reincidencia y peligrosidad del progenitor, un régimen de estancia, relación y comunicación respecto de ellos. Extinguida la responsabilidad penal, el juez, a instancia de parte, deberá valorar si procede la modificación de las medidas adoptadas (...) La sentencia absolutoria, el sobreseimiento o el archivo definitivo del proceso penal será causa de revisión del régimen de guarda y custodia a petición de parte”.
Son varias las organizaciones, que trabajan cotidianamente con este tipo de casos, las que han calificado de “inaceptable” esta opción y han advertido que este artículo favorece las “denuncias cruzadas”. Este tipo de mecanismos, según aseguran abogadas y expertas como la asociación de Mujeres Juristas Themis, son muy utilizados por los maltratadores.
Carmen Montón ha explicado, en la sesión de control al gobierno en el Congreso, que con este anteproyecto “el PP ha roto el consenso de tolerancia cero con los violentos. Este anteproyecto es peligroso, un tremendo error, con graves consecuencias” y ha preguntado al ministro Alonso si el gobierno va permitir que los condenados por violencia de género tengan la custodia de los hijos e hijas, como figura en el texto porque “los hijos son un instrumento de venganza de los maltratadores”.
Montón ha acusado al ejecutivo de estar poniendo “en riesgo la vida de los hijos e hijas y de las víctimas de violencia de género” cuando por ley se les obliga a mantener contacto con el violento “incluso tras haberle denunciado” y a su juicio este hecho “les cierran todas las salida a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos”.
Por su parte, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se ha comprometido a que el anteproyecto de corresponsabilidad parental contemple las garantías suficientes para que, en ningún caso, los maltratadores condenados tengan atribuida la guardia y custodia de sus hijos e hijas ni disfruten de un régimen de visitas.
Mediación obligatoria
El anteproyecto recoge, en su artículo 443, apartado 3: “El tribunal podrá invitar a las partes a un acuerdo a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa. Cuando la mediación constituya una solución adecuada, será obligatorio acudir a esa sesión. Si de manera injustificada no se asiste, el tribunal impondrá una multa de 500 euros”.
Nuevamente, las organizaciones de mujeres aluden al aspecto de la voluntariedad. Una mediación familiar nunca debe ser impuesta judicialmente y menos aun penalizada si no se accede a ella. Además, la mediación, en delitos de violencia de género, es incluso desde el punto de vista conceptual difícil de sostener: una de las partes, “más fuerte”, domina y ejerce violencia sobre la otra, por tanto, más que mediar, hay que proteger a las víctimas.
Foto: Archivo AmecoPress
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Política – Debates – Feminismo – Movimiento feminista – Legislación y género - Infancia. 12 febrero. 15. AmecoPress