Las abogadas feministas, Lidia Falcón y Olga Campos, critican las carencias de la Ley Integral contra la Violencia de Género
Las abogadas feministas, Lidia Falcón y Olga Campos, presentaron en el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid el informe ‘Hacer de los derechos realidad’, que analiza la Ley contra Integral contra la Violencia de Género después de dos años de su entrada en vigor en España. Critican “las carencias” de la norma y el modo en que se está aplicando, pero también plantean propuestas para una protección efectiva de las víctimas.
Para Lidia Falcón, uno de los grandes errores de esta Ley es que sólo ampara a las mujeres relacionadas sentimentalmente con el agresor, y comparó la norma con la redactada en México, “en la que se habla de feminicidio”, un término que a su juicio es más apropiado. Lamenta que la legislación española deje fuera el maltrato que sufren hermanas, madres, mujeres violadas, prostitutas “y las vecinas que sufren el acoso de un vecino”.
Por otro lado, calificó de “indignante” la aplicación de la Ley a lo largo de estos dos años por no haber sido dotada de dinero ni medios para ponerla en práctica y “no aplicar un protocolo de actuación reconocido”, debido a una falta de interés y “desidia” para proporcionar a los responsables implicados en el mismo de las herramientas adecuadas.
Respecto a las órdenes de alejamiento, Falcón dijo que no son eficaces porque no se puede contratar a un policía por víctima para que controle su cumplimiento, y criticó el uso de otras medidas, como las pulseras para detectar la situación de los agresores y los teléfonos móviles, porque en su opinión, no sirven para nada y generan un alto coste, mientras que lo que deberían plantearse es “meterlo en prisión”.
La abogada detalló un hipotético caso, que estimó muy poco probable, en el que la denuncia de una mujer es admitida a trámite, se dicta (y se cumple) una orden de alejamiento y finalmente se llega a juicio. Este proceso puede tardar de tres meses a tres años, y tanto la víctima como los testigos, tienen que acudir de nuevo a declarar. Según Falcón, en este tiempo la mujer generalmente no ha podido rehacer su vida porque el proceso sigue abierto y además debe ver al maltratador a escasos metros de ella en la sala.
Los testigos, por su parte, están cansados, no se acuerdan bien de lo sucedido, y en numerosas ocasiones, han sido amenazados por el agresor para que no hable en su contra. Incluso cuando el juez finalmente dicta sentencia condenatoria, en el caso más grave supone dos años de prisión. “Somos muy benévolos en el Código Penal, que como una fantasía única dice que se podrá sustituir por servicios a la comunidad o por una multa que supone tres euros por día”.Lidia Falcón denunció que “ninguna sentencia se ejecuta” y que las víctimas no son indemnizadas.
Garantizar la protección
Olga Campos, coautora del estudio ‘Hacer los derechos realidad’ manifestó que las informaciones publicadas por algunos medios sobre las denuncias falsas no son ciertas. “No creo que ninguna mujer mienta sobre esto porque el proceso es muy duro, y el nivel de denuncias falsas es del cero por ciento”, dijo con rotundidad.
Además, pidió que en el caso de que en 72 horas no se haya conseguido citar al agresor en las dependencias judiciales para tomarle declaración, se dicte una orden de alejamiento y se garantice la protección de las mujeres cumpliendo los plazos que establece la Ley. “Si no es así y a la mujer le pasa algo, que se le pidan responsabilidades a los funcionarios de justicia implicados”.
La abogada subrayó la “doble victimización” que sufren las mujeres que denuncian y posteriormente no encuentran amparo en el sistema. Por este motivo, Olga Campos aseguró que “no podemos consentir que se emitan los anuncios que animan a denunciar mientras la Ley no asegure la protección”.
---------------------------------------
Fotos: AmecoPress. Pie de foto: (De izquierda a derecha) Las abogadas Olga Campos y Lidia Falcón
---------------------------------------
Política- Violencia de género- 22 junio, 07 (AmecoPress)