4.000 personas se autoinculpan por haber abortado en los juzgados de Madrid
Las organizaciones feministas, de planificación familiar, y sindicales, organizadoras de la campaña “Por el derecho de las mujeres a decidir” han entregado en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid más de 4.000 autoinculpaciones, pues a las contabilizadas y transportadas en cajas, hay que sumar las que entregaron a las puertas del juzgado particulares y asociaciones que han contribuido en la campaña.
En concreto, 2.478 mujeres han declarado haber interrumpido voluntariamente su embarazo de forma consciente y responsable, y 1.422 personas, hombres y mujeres, han declarado haber acompañado a una mujer a abortar. A estas autoinculpaciones hay que añadir las 1.072 entregadas en Asturias, 280 en Valladolid, 139 en Córdoba y las que el próximo día 8 las feministas llevarán a los juzgados de Valencia, además de las de Granada y Cantabria. La Plataforma 8 de Marzo también se ha personado con autoinculpaciones hoy en Sevilla, al igual que ha ocurrido en otras provincias que intervienen en la campaña en todo el Estado, como Jaén, Cádiz, Vigo, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Zaragoza, Barcelona.
Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, junto a responsables sindicales, personal sanitario en materia de salud sexual y reproductiva, políticas del Partido socialista e Izquierda Unida han protagonizado el simbólico acto de entrega don de se ha leído un manifiesto secundado por 70 entidades: “Queremos solidarizarnos con las mujeres que han sido llamadas a declarar por los juzgados número 35 y 47 de Madrid, actuaciones judiciales que se enmarcan en la ofensiva de los sectores ultraconservadores que pretenden obstaculizar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado”, subraya el manifiesto.
Las firmantes del texto consideran que esta situación se ha producido por las “insuficiencias que presenta la despenalización parcial del aborto” y por ello exigen un cambio “inmediato de ley, que el aborto deje de estar considerado como un delito en el código penal, que se garantice que se realiza en la red sanitaria pública y que se respeta el derecho de las mujeres a decidir”.
Para Marisa Castro, feminista y vocal de la Asociación de Clínicas autorizadas para la IVE (ACAI) “es un acto de solidaridad con las mujeres afectadas y el personal sanitario, pero también es la expresión simbólica de la lucha del movimiento feminista por la lucha de las mujeres y en particular por el derecho al aborto, un derecho democrático fundamental para la vida de las españolas”.
En la misma línea se manifestó Inés Sabanés, portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, quién con su presencia en este acto ha querido mostrar “de forma clara y rotunda” la solidaridad con las mujeres que están siendo perseguidas, señaló, y dijo que la coalición no va a tolerar “que alegando un proceso judicial se vulneren los derechos de las mujeres y se restrinjan sus derechos fundamentales”.
En campaña electoral
La dirigente de IU hizo un llamamiento a la reflexión para que “ahora que estamos en campaña, cada cual diga alto y claro lo que piensa. El PP diga si va a modificar, a cambiar o a restringir el derecho, y el PSOE si va a cambiar la ley. IU quiere una ley de plazos y garantizar el derecho de las mujeres a decidir”.
En este sentido, la secretaria de Políticas de Igualdad de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista Madrileño, manifestó que en la conferencia política de su partido, celebrada el pasado fin de semana, ha quedado perfilado cuál va a ser su postura en el programa electoral.
“Al PSOE no le interesa hablar de este tema limitándolo a la interrupción voluntaria del embarazo, plantea en su programa poner en marcha una estrategia nacional sobre derechos sexuales y reproductivos en España y eso implica hacer un esfuerzo principal en todo lo que tiene que ver con la prevención, con información suficiente y acceso fácil a los anticonceptivos de emergencia”, dijo Álvarez.
En relación a la IVE, el PSOE tampoco quiere ceñirse a una la ley de plazos porque, según Ángeles Álvarez, “tiene que recoger una casuística muy amplia y hay que abrir un debate que perfile y reglamente de forma adecuada”, de ahí que los socialistas hablen de reflexión, pues piensa que la ley ha funcionado estos años porque “ha habido un consenso muy amplio que tiene que mantenerse en los acuerdos que lleguemos una vez que abramos este debate”.
Por su parte, Marisa Castro, vocal de ACAI por la clínica Isadora, se mostró prudente ante las promesas electorales de los partidos políticos durante la campaña: “Yo espero al 10 de marzo, a mi no me valen las promesas en periodo electoral”, dijo a AmecoPress.
A su juicio, el partido socialista ha incumplido su compromiso en esta legislatura pues la ley de plazos iba en su programa y “gracias a ese incumplimiento nos hemos visto en buena medida en esta situación. Por tanto, actos de fe ninguno, vamos a ver lo que pasa el 9 de marzo y vamos a ver si el PSOE tiene, primero, mayoría para gobernar”, ya que entiende que si necesita aliarse con los nacionalistas, “las mujeres podemos olvidarnos de la ley de plazos”.
El único partido que hasta el momento ha manifestado su defensa de la despenalización total del aborto ha sido Izquierda Unida. Ante la persecución sufrida por mujeres y clínicas en Madrid, la portavoz de esta coalición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, aseguró que “tenemos una proposición para el pleno de la Asamblea con el fin de frenar el acoso judicial” y para que se establezcan las garantías necesarias.
“Me importa mucho que, con los años que llevamos de democracia, tengamos que dar tantas explicaciones y que tengamos tanto miedo, nos sintamos tan frágiles y tan poco decididos con las ampliaciones de derechos”.
Marisa Castro, de la clínica Isadora, señaló que la Delegación del Gobierno en Madrid está cumpliendo con sus responsabilidades de protección en los centros y que las clínicas están trabajando con normalidad. Sin embargo, lamentó que “desgraciadamente ha habido algún caso que han tenido que irse fuera de España ha resolver un tema que ni siquiera tiene que ver con la ley de plazos”.
Se refería así a la mujer, con diagnóstico prenatal de muerte del feto, que ha tenido que salir del país para abortar bajo un supuesto que no está contemplado en la ley. “Se sabe que el niño se muere y hay una mujer que se ve obligada a llevar un embarazo hasta el final portando un bebé muerto”, denunció.
Fotos: AmecoPress. Pie fotos: Grupo de mujeres en las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla.
Estado español-derechos humanos-aborto; 07 febrero (08) AmecoPress