Bolivia: La ley 348 promueve la impunidad

La Paz, 10 dic. 13. AmecoPress/ SEMlac.- Han pasado ocho meses desde la promulgación en Bolivia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Nº 348, el 9 de marzo, y durante este tiempo lo que la norma ha promovido es la impunidad. Hasta septiembre, al menos en las ciudades de La Paz y El Alto, no había un solo caso con sentencia, debido a lo largo de los procesos penales, que pueden extenderse por años.

Esa es la conclusión luego de haber entrevistado a ocho mujeres en situación de violencia, dos abogadas especialistas en la temática, una fiscal y a representantes del servicio legal Mujeres en busca de justicia, Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Centro de Promoción de la Mujer "Gregoria Apaza" (CPMGA), Comunidad de Derechos Humanos, Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), Fundación La Paz, Consejo de Madres del Concejo Municipal de El Alto, Junta de Vecinos de la zona Mercurio de El Alto, además de los ministerios de Justicia, Salud, Trabajo y Educación, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y de la Policía.

Los relatos son un recuento de los daños que la normativa ha ocasionado a la lucha contra la violencia machista. Una de las situaciones que enfrentan las agredidas, y que está en el contexto del sistema patriarcal, es que "tienen que demostrar" que son "buenas mujeres".

La retardación de justicia, los cobros ilegales, la revictimización, la corrupción, los vacíos en la norma, la deficiente infraestructura y la falta de personal especializado y sensibilizado, como establece la norma; así como la presión social y familiar para impedir que los agresores vayan a la cárcel, y la lógica de mantener unida a la familia a costa de que las mujeres soporten las agresiones, entre otros aspectos, han provocado que muchas mujeres ni siquiera se animen a realizar su denuncia, que desistan en el camino e incluso que vuelvan con sus agresores.

Los registros de algunas de las organizaciones que atienden casos corroboran esto. El servicio legal Mujeres en busca de Justicia tenía medio centenar de casos resueltos hasta agosto de 2012, pero en el mismo período de 2013 atendieron 25 denuncias y de estas 10 mujeres ya habían desistido. El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) registraba un promedio de 45 denuncias por semestre, pero hasta agosto de 2013 solo tenía 15.

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) no tuvo ni una sola denuncia hasta abril; entre mayo y agosto sumaron 15 -de las cuales una fue abandonada- cuando el año pasado, hasta agosto, tenía 28 casos con sentencia ejecutoriada.

Similar es la situación en los centros integrados de justicia que dependen del Ministerio de Justicia, según indicó una funcionaria que pidió reserva de su nombre.

Pero además están las mujeres que deciden no denunciar y que, en muchos casos, optan por resolver lo inmediato, en los juzgados de familia, como pensiones para los hijos e hijas, que el agresor salga de la casa o ellas mismas dejan su vivienda y suelen iniciar el proceso de divorcio. Entonces, los violentos quedan impunes. Cada una de estas organizaciones recibe de tres a cinco consultas nuevas por día.

Ni celeridad ni gratuidad

Entre marzo y agosto, cada una de las ocho fiscales que procesan las denuncias por la Ley 348 en las ciudades de La Paz y El Alto acumuló 345 casos, es decir 2.760 en cinco meses. Pero hasta ese momento, la fiscal Frida Choque, por ejemplo, solo había logrado hacer 20 imputaciones, menos del seis por ciento del total, y sus colegas, según su cálculo, iban más o menos por la misma cantidad.

Choque explica que además de los 17 tipos de violencia incorporados en la ley 348, también están atendiendo los casos de la Ley Integral Nº 263 contra la Trata y Tráfico de Personas, además de delitos de violencia sexual. Si un niño de cuatro años es violado en el colegio y al mismo tiempo se presenta una víctima de violencia familiar, "dígame usted ahora, qué voy a priorizar", señaló.

Para la imputación, que es acusar formalmente al denunciado, la ley establece un plazo de ocho días. Pero solo la asignación del fiscal para que trabaje en la investigación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, creada en abril por mandato de la norma, demora entre cinco y 12 días, según la directora nacional de la FELCV, coronela Rosa Lema Zannier. Entonces, el plazo se está ampliando entre 30, 45, 60 días y más.

Después de la imputación se inicia la investigación, cuyo plazo es de seis meses, aunque lo normal es que sea más, y pasará más tiempo todavía para llegar al juicio oral donde se dicte sentencia. Todas las abogadas entrevistadas coinciden en que no hay un proceso penal que dure menos de dos años, tiempo en el cual las mujeres quedan a expensas de los agresores.

Por otro lado, las organizaciones y las mujeres consultadas afirman que, a pesar de que la ley establece gratuidad, los cobros irregulares están institucionalizados. Notificaciones, transporte y refrigerios para los investigadores, gasolina, tarjetas para llamadas telefónicas, fotocopias, película para fotos y revelado, entre una larga lista de exigencias, tienen que ser cubiertas por las denunciantes, que en general son de escasos recursos.

La justicia es "macho"

Todas las personas entrevistadas coinciden en señalar que los problemas se deben a que todos los delitos de violencia contra las mujeres ahora se tratan exclusivamente en el sistema penal, que tiene falencias. Por ejemplo, permite la "chicanería", que es una serie de acciones de los demandados que alargan los juicios.

La abogada Marisol Quiroga, que participó en la primera etapa de elaboración del proyecto de ley, explica que un gran error fue pensar que todas las mujeres estarían dispuestas a enfrentar al sistema penal y eso las ha dejado "en mayores niveles de vulnerabilidad". La decisión de penalizar la violencia en todas sus formas fue asumida por la Asamblea Legislativa y esto fue impulsado por las presidentas de las cámaras de Senadores, Gabriela Montaño, y de Diputados, Betty Tejada.

"Ha habido una omisión de recordar que la justicia tiene sexo y que es macho", sostiene la abogada especialista en género y exfiscal María Soledad Álvarez. En su criterio, "la ley puede ser perfecta", pero no va a funcionar si no hay voluntad política, si no hay dinero, si no hay condiciones.

Y sobre condiciones, la de la FELCV es una de las más críticas. Como fuerza ahora tiene que atender unas 58.000 denuncias, pero dispone de unas 500 personas para hacerlo, frente a las 3.000 que tiene la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que ahora recibirá menos casos, afirma Mónica Bayá, secretaria Técnica de la CDH.

La FELCV tiene 90 investigadoras e investigadores y cada quien maneja unos 50 casos, sostuvo a su vez Lema. A esto hay que sumar todas sus carencias de infraestructura y vehículos, y la corrupción y el machismo que pesan sobre la institución.

No habrá reglamento

La directora general de prevención y eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional del Ministerio de Justicia, Inés Pérez, sostiene que el problema está en la falta de voluntad de los operadores y que hay funcionarias que están logrando mover todo el aparataje.

Hay esfuerzos locales para que, por ejemplo, los servicios legales integrales municipales (SLIM) respondan al mandato de la ley, que ha convertido a esta instancia en un pilar de la articulación en la lucha contra la violencia.

Empero, solo 158 de los 339 municipios del país tienen SLIM y son recurrentes los reclamos sobre el maltrato que las mujeres reciben en estas instancias municipales. El director de Defensorías del GAMLP, Marcelo Claros, atribuye esto al desgaste que implica la atención de casos.

Por otro lado, cada institución que tiene asignado un rol por la ley está preparando su protocolo de atención. Sin embargo, todas las organizaciones han demandado la reglamentación de la ley, ya que ahora cada quien la interpreta a su criterio, lo que dificulta aún más su aplicación.

Esto es crítico para aplicar la única conciliación permitida por la ley, que debería ser decisión de cada mujer. Pero las abogadas consultadas coinciden en que casi todas las fiscales promueven la conciliación e incluso el "abuenamiento". Una funcionaria del Ministerio de Justicia, que denunció a su expareja por violencia, vivió esto de manera personal cuando la fiscal de su caso le sugirió que "arregle nomás", porque además "solo tenía dos días de impedimento".

En todo caso, el Ministerio de Justicia confía en que los protocolos resolverán varias dudas y también la Rectoría de los Derechos de las Mujeres que se creará y será una entidad pública desconcentrada.

Esfuerzos

Varias ONGs están asumiendo por su cuenta la capacitación de fiscales y jueces, policías, forenses y médicos.

La cooperación internacional también está apoyando. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió los 937.000 dólares de la fase de arranque del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), donde todo estará registrado.

También respaldan la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y ONU Mujeres, entre otras.

Pero lo más urgente, coinciden todas las instituciones y organizaciones, es que el gobierno asigne un presupuesto específico para que los operadores respondan al mandato de la ley y a eso se comprometió el vicepresidente Álvaro García Linera. Según el último costeo de la ley, el primer año de aplicación se necesitaban 249 millones de bolivianos (36 millones de dólares) para 2013 y 137,5 millones (cerca de 20 millones de dólares) para 2014.

Todas las organizaciones consultadas consideran que el compromiso real del Estado, de cara a la lucha en contra de violencia hacia las mujeres, se verá cuando se conozca el presupuesto general del Estado Plurinacional 2014.

Mientras, las abogadas no tienen otra alternativa que maximizar su voluntad, su creatividad y hasta su rabia para que las mujeres no se queden sin respuesta, aunque la violencia quede en la impunidad.

Foto: Archivo AmecoPress.