La violencia machista aún no tiene vacuna

Madrid, 21 nov. 13. AmecoPress. Si 44 personas hubieran muerto de una misteriosa epidemia en sólo un año, todas las alarmas se hubieran disparado. La violencia de género afecta en nuestro país a más de una de cada diez mujeres y ha acabado con casi 700 vidas durante los últimos diez años -44 en lo que llevamos de 2013-. Lejos de reducirse, pareciera que el machismo se perpetúa y se expresa –si cabe con más fuerza- en las nuevas generaciones, tal y como alertan las expertas, avaladas por informes y estadísticas. Distintas vertientes de la manoseada crisis económica golpean cruelmente sobre la igualdad y la libertad de las personas y, en especial, de las mujeres.

A las puertas del 25 de noviembre, la violencia machista ocupa un lugar en la agenda política o institucional, tiene algo más de espacio en los medios de comunicación y une voces en la denuncia y el análisis de sus causas. Sin embargo, un año más tenemos que reconocer el fracaso en su erradicación y en no haber sido capaces de acabar con el velo de la indiferencia: sigue existiendo la naturalización de la violencia hacia las mujeres, su aceptación como algo irremediable y, en la mayoría de los casos, independiente de nuestra acción y responsabilidad.

Así, la violencia de género, es decir, la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, constituye una gravísima vulneración de los derechos humanos fundamentales que goza de una gran impunidad en la sociedad. En nuestro país despertar con la noticia de que el día anterior otra mujer ha sido asesinada a manos de su pareja o ex pareja se ha convertido en un asunto estremecedoramente habitual.

Con la crisis como telón de fondo, la respuesta institucional es cada vez más tibia y contradictoria. Y es que, si la violencia de género es la expresión más cruel de la desigualdad y de las distintas formas de maltrato que sufrimos las mujeres, el pragmatismo y conservadurismo que caracterizan las medidas que cotidianamente se llevan a cabo por parte de los poderes político y económico, no hacen sino ahondar en esa estructura que nos discrimina y convierte en objetos.

Violencia económica

La crisis incrementa la violencia de género, como reconoce la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, porque favorece la desigualdad y, a su vez, disuade a las víctimas de denunciar.

Las cifras lo demuestran: el número de víctimas mortales que había denunciado a sus agresores también se ha reducido en los últimos años. En 2010, tres de cada 10 víctimas lo había hecho. Un porcentaje que se redujo al 24,6 por ciento en 2011 y cayó al 19,2 por ciento el año pasado. En lo que llevamos de 2013, sólo un 18,2 por ciento de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor. De hecho, las denuncias por violencia de género han disminuido en un 9,6 por ciento en los últimos cinco años, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ).

Una bajada que, según afirmó la presidenta de la institución, Inmaculada Montalbán, en la presentación de los datos a finales de septiembre, está relacionada con la crisis, ya que "el empeoramiento económico tiene un efecto disuasorio en las víctimas".

La dependencia económica de las víctimas de violencia de género hacia sus maltratadores es un obstáculo para denunciar y la crisis no ha hecho más que agravarlo. Así pues, la reducción del número de denuncias y de víctimas mortales es un espejismo y existe una "bolsa oculta de maltrato", según las expertas, que estiman que unas 600.000 mujeres viven acorraladas por la violencia de género en nuestro país.

Y es que la crisis y las llamadas “políticas de austeridad” han dado fuerza a lo que cada vez más voces señalan como violencia económica hacia las mujeres, un tipo de violencia que Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, asegura que es muy importante que “se visualice y se tomen medidas para acabar con ella”. Porque las consecuencias de la reforma laboral y el aumento del desempleo, los recortes en Dependencia, en Educación y en Sanidad golpean de manera especial a las mujeres.

Los tijeretazos llegan también a poner en peligro los recursos destinados a ayudar y proteger a las víctimas. Un ejemplo es la reforma de la Ley de bases de Régimen Local, que elimina la competencia municipal en materia de políticas de igualdad, lo que provocará el cierre de cientos de centros de atención a mujeres y casas de acogida -al suprimir el artículo 28 de la norma vigente y desaparecer las competencias municipales de igualdad-, dejando aún más desprotegidas a las víctimas de violencia de género que residen en ámbitos rurales.

El proyecto presupuestario presentado recientemente por el actual Gobierno del estado español ante el Congreso continúa postergando a las mujeres y sus derechos, recortando las diferentes partidas ministeriales destinadas a promover la igualdad, y dando relevancia al capital especulativo, las entidades financieras y la “deuda”, tal y como señalaron en un manifiesto más de 80 organizaciones feministas. Además, el Gobierno, ha elegido como aliados estratégicos a la CEOE y las Cámaras de Comercio, en detrimento de estas organizaciones sin fin de lucro cuya actividad principal es la defensa de la igualdad de las mujeres.

Falta de sensibilidad en los juzgados

Encontramos un mensaje institucional basado en animar a las víctimas para que denuncien, mientras que las leyes que se aprueban y las decisiones que se toman no hacen sino contribuir a reforzar los pilares de la estructura patriarcal, objetivando a las mujeres y negándoles la libertad y el derecho a decidir y relacionarse y vivir en condiciones de igualdad. En definitiva, creando condiciones para que ese sustrato machista rebrote.

Uno de los ámbitos en los que se advierte todavía cierto conservadurismo y poca sensibilidad ante el fenómeno de la violencia machista es el judicial. Las víctimas cuentan con justicia gratuita, pero los informes muestran un aumento del número de sobreseimientos y en la proporción de solicitudes de protección denegadas. Organizaciones como Themis (Asociación de Mujeres Juristas) aseguran que “en los juzgados cada vez se piden más pruebas” para las denuncias de violencia de género, “cuando son delitos que se dan en la más absoluta privacidad, donde no hay testigos” y advierten que con interpretaciones de la ley realizadas por algunos jueces “se perpetúa la discriminación de la mujer y se minimizan las agresiones efectuadas por los hombres, con lo que ello comporta de mantenimiento del machismo en nuestra sociedad”.

La presidenta de Themis, Ángela Cerrillos, confirma que “efectivamente hay un choque entre lo que se recomienda a las víctimas, la denuncia, y lo que se encuentran en el proceso” y cree que es necesario promover la formación en género de los jueces y juezas. Algo que comparte Susana Martínez: “si no tienen formación, minimizan algunas situaciones e indicadores de clara violencia”, asegura refiriéndose por ejemplo a las amenazas o control recibido por las víctimas a través el móvil o internet.

Negación de libertades y derechos

Sin duda que no es baladí señalar también reformas y leyes de carácter aún más ideológico si cabe. Todo el mundo señala la educación como pilar para la construcción de una sociedad libre de violencia y basada en la igualdad, y sin embargo, la LOMCE permite financiar con fondos públicos colegios que segregan por sexo, elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía –que entre otros contenidos incluía la igualdad y la diversidad- e introduce la doctrina católica, claramente sexista, como materia evaluable.

Del mismo modo, la reforma del marco legal para la interrupción voluntaria del embarazo amenaza con penalizar a las mujeres que decidan abortar y con imponer una determinada moral al conjunto de la sociedad y eliminar derechos conseguidos tras varias décadas de reivindicaciones de las asociaciones y organizaciones de mujeres. Como señalan los sindicatos CCOO y UGT, “también es violencia contra las mujeres decidir sobre su salud sexual y reproductiva”. La ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800 mujeres por causas derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.

A pesar de todo lo denunciado o tal vez precisamente por ello, es importante destacar y potenciar todo esfuerzo para evitar la normalización de la violencia de género y desterrar las conductas y estructuras que la generan. Por las mujeres que han muerto, por las que viven amenazadas y por todas nosotras.

Foto: Archivo AmecoPress

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Estado español – Movimiento feminista – Violencia de género – Instituciones de Igualdad – Feminismo – Legislación y género; 21 noviembre. 13. AmecoPress