La Titularidad Compartida no “pisa” el campo
Madrid, 15 oct. 13. AmecoPress. La titularidad compartida en las explotaciones agrarias ha sido una de las grandes e históricas reivindicaciones de las mujeres rurales en el estado español. Una lucha de décadas logró que se aprobara una ley que fue publicada en el BOE de 4 de octubre de 2011 por la que agricultoras y ganaderas obtenían el reconocimiento jurídico, social y económico del importante, pero invisible papel, que siempre han desempeñado las mujeres en el ámbito agrario. Sin embargo, después de haber transcurrido dos años desde la aprobación de la normativa, sólo 52 explotaciones agrarias se han dado de alta en el registro. No es el único reclamo en este 15 de octubre, Día de las Mujeres Rurales en todo el mundo.
La Titularidad Compartida no “pisa” el campo, denuncian desde el Área de la Mujer de COAG y la Confederación de Mujeres del Mundo Rural –CERES- con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. “La desidia de las diferentes administraciones, trabas burocráticas, falta de recursos e incentivos y escasa comunicación con el sector están obstaculizando que el reconocimiento jurídico, económico y social de la mujer sea un realidad”, afirma Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la Mujer de COAG, al tiempo que subraya que “los avances legislativos no sirven de nada si se quedan en el BOE y no llegan al campo”.
Según la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural –AMFAR–, la ley se encuentra actualmente con una serie de obstáculos que dificultan la incorporación de las mujeres rurales como cotitulares de las explotaciones agrarias. “Existen dos problemas esenciales. Por una parte, la falta de información, ya que son muy pocas las mujeres que conocen esta nueva legislación y por otra, la gran diversidad de normativa que han generado las comunidades autónomas”, apunta Lola Merino, presidenta nacional de la organización.
Y es que hay comunidades autónomas en las que todavía no se puede aplicar la Ley de Titularidad Compartida porque no han creado el registro obligatorio que marca la norma, frente a otras regiones en las que sí se puede aplicar, pero en las que se recogen también multitud de situaciones muy diferentes.
Hay comunidades autónomas que incentivan la incorporación de las mujeres con subvenciones, frente a las que ofrecen bonificaciones o las que no ofrecen ningún tipo de ayuda. Se recogen también diferencias muy dispares en el límite de edad de las beneficiarias.
“Todos estos factores no contribuyen al correcto desarrollo de la ley, que pide a gritos una revisión que unifique criterios para adaptarla a la realidad social y económica del momento”, explica Merino.
Ocho Comunidades Autónomas sin registro
En este sentido, desde COAG y CERES se reclama a Gobierno y CC.AA. más agilidad, recursos y compromiso con los derechos de las mujeres del medio rural. La Ley insta a los ministerios responsables de la política de Igualdad y de Desarrollo rural a que den forma jurídica a la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias a través de la administración regional. “Sin embargo, estamos recibiendo decenas de consultas de asociadas que quieren hacer efectivo este derecho ciudadano y que no pueden porque hay gobiernos autonómicos que no han habilitado los registros oficiales para ello”, denuncia Idáñez. Los datos del Ministerio de Agricultura así lo constatan: en 8 Comunidades Autónomas no se ha realizado ningún registro.
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), ha reclamado en varias ocasiones la puesta en marcha en todas las Comunidades Autónomas del Registro de Explotaciones de titularidad compartida, cuyo funcionamiento se está retrasando en muchos territorios de una “forma inexplicable” para las mujeres rurales que quieren ejercer su derecho a compartir la titularidad de sus explotaciones agrarias con su cónyuges o parejas de hecho.
En España se calcula que hay cinco millones de mujeres rurales. Son cerca del 20 por ciento de la población total. Viven en municipios de menos de 10.000 habitantes y trabajan sobre todo en explotaciones agrícolas. Históricamente, han compartido con los hombres las tareas agrarias sin que esta labor haya gozado del suficiente reconocimiento jurídico, valor económico y reflejo social. En ese sentido, la Ley de titularidad compartida supuso un salto cualitativo muy importante y el reconocimiento por parte de los poderes públicos de esa realidad existente. Pero sin la aplicación de recursos que garanticen su implementación, no podemos hablar de reconocimiento real.
Otras reivindicaciones
No es la Titularidad compartida la única reivindicación. Las organizaciones de mujeres rurales continúan trabajando para tratar de equiparar los derechos entre hombres y mujeres del sector agrario, así como para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el medio rural que también se ve afectado por la crisis.
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) alerta de un descenso drástico de la calidad de vida de las mujeres rurales españolas con motivo de las políticas de recortes. Una delegación de la organización ha viajado hoy a Bruselas, donde ha pedido a los órganos de la Unión Europea “amparo ante el abandono al que nos enfrentamos en España”.
Fademur ha exigido que se detenga el desmantelamiento de servicios públicos esenciales en el medio rural, como ambulatorios, colegios, guarderías, comedores y rutas escolares, “que están abocando a nuestros pueblos a desaparecer por falta de servicios”. Aprovechando el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la presidenta de Fademur, Teresa López, ha lamentado el “aumento de la pobreza” entre las mujeres. “Estamos viendo como aumenta alarmantemente el desempleo cuando además, son ellas las que tienen mayores dificultades para encontrarlo”.
Por su parte, la presidenta nacional de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla, ha pedido a las distintas administraciones que hagan “un mayor esfuerzo, en la medida de lo posible, para fomentar el emprendimiento de las mujeres rurales y que se cuente con ellas para salir de la crisis y que se apueste por el empleo de las mujeres rurales puesto que el empleo es el primer pilar hacia la igualdad”
Impacto de género en la PAC
Uno de los enfoques que defienden las organizaciones es promover la igualdad real de género como alternativa para el desarrollo sostenible y lograr incluirlo en las políticas agrarias que se desarrollen en España y en Europa.
En el ámbito comunitario, ante el proceso de reforma de la Política Agraria Común (PAC), COAG y Ceres exigen que se realice el obligado informe de impacto de género a los presupuestos PAC 2014-2020. “De nada sirve manifestar que se pretende incorporar la perspectiva de género en la futura PAC si no se concreta con qué medidas lo van a hacer efectivo y con qué presupuesto”, reclama la presidenta de CERES. También el acceso a la educación, la salud y el empleo constituye una de sus preocupaciones. Reclaman “medidas especiales” que incentiven el autoempleo entre las mujeres rurales y las iniciativas emprendedoras.
Las mujeres del ámbito rural tienen que salir de la invisibilidad y de la economía informal e incorporarse al mercado de trabajo formal a través del apoyo para la puesta en marcha de empresas de economía social como las cooperativas, con incentivos para el sector de la artesanía y para las mujeres que trabajan en el sector agrario.
En este sentido, desde COAG y CERES se insta al Gobierno a que trabaje en distintos ámbitos para que se visibilice el importante papel de las mujeres en el desarrollo rural y de esta manera se puedan implementar las medidas oportunas. “Si la Administración mejora las posibilidades de acceso a la sanidad, la educación o atención a la dependencia de las mujeres rurales, las agricultoras y ganaderas contribuiremos a la creación de empleo, cuestión vital en las zonas rurales ante la falta de alternativas laborales”, explica Idáñez.
Por otra parte, las mujeres juegan un papel fundamental en la sociedad rural y, sin embargo, ese papel no se corresponde con la representación que tienen en los órganos donde se toman las decisiones. La presencia de las mujeres es aún muy escasa en la política local, en los grupos de desarrollo rural y en los consejos rectores de las cooperativas (sólo representan un 3 por ciento).
Fotos archivo AmecoPress
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Economía - Mujeres rurales – Movimiento feminista – Encuentros y jornadas; 15 octubre (13); AmecoPress