‘Desmontando la “inmigración ordenada”: el trabajo de las temporeras de los frutos rojos’

Madrid, 17 oct. 2019. AmecoPress.- ‘Desmontando la ‘inmigración ordenada’. El trabajo de las Temporeras de los frutos rojos” es el título de un informe que analiza las condiciones en las que son contratadas y en las que trabajan las mujeres que cultivan los frutos rojos que comemos en Europa. Lo ha realizado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas con la colaboración de la organización Women’s Link.

La investigación analiza el mercado de trabajo “extremadamente feminizado” y el sistema de contratación en origen por contingentes y devolución al terminar el contrato dentro del sector de la fresa, frambuesa, grosella, arándano y mora.

El informe está localizado principalmente en las contrataciones dentro de la provincia de Huelva ―por representar la mayor producción en España, que a su vez es primer exportador mundial―, pero sobre todo por ser ‘pionera’ en el modelo de contratación circular en origen por contingente que ha inspirado la actual directiva europea (2014/36/UE, modificada por la Directiva (UE) 2018/957). El modelo de contratación en origen por contingente está dirigido a aquellas personas trabajadoras que no están ni residen en España y que son seleccionadas en sus respectivos países a petición de las empresas. Solo se puede emplear a personas extranjeras mediante este tipo de contrato siempre y cuando no se cubran los puestos de trabajo con las personas nacionales o extranjeras residentes en la zona. El informe también sigue el rastro de las empresas españolas de los frutos rojos que desarrollan su actividad en Marruecos, donde el trabajo es mayormente femenino.

A nivel legal desde los años 60 se ha ido creando una estructura que permite contratar contingentes de trabajadoras extranjeras con un perfil vulnerabilizado ―sus derechos son vulnerados por ser mujeres, migrantes y pobres, aunque ellas no son vulnerables, sino mujeres fuertes y valientes―, y bajo unas condiciones de asimetría, “para asegurar que vuelven a su país y que no son conflictivas durante su estancia”.
Si bien en las plantaciones del sector de frutos rojos en España buscan un perfil de mujer con cargas familiares ―para asegurar ese retorno a Marruecos al terminar el trabajo―, en Marruecos priorizan la contratación de mujeres jóvenes ―a menudo menores― y solteras, por ser un colectivo considerado como menos exigente en la reivindicación de sus derechos laborales. “En ambos lugares, las trabajadoras trabajan en condiciones de explotación laboral y existen numerosas denuncias de acoso sexual”, sentencia el informe.

Se trata de un sector en el que ha habido una progresiva concentración―cada vez menos empresas controlan explotaciones con más hectáreas―, dominado por empresas transnacionales que producen para la exportación mayormente a los mercados europeos.

En 2018, España exportó fresas por valor de unos 587 millones de euros, y el total de exportaciones de berries superó los 1.332 millones de euros. La gran mayoría de las exportaciones andaluzas de fresa se dirigen a la UE. El principal socio comercial es Alemania, y le siguen Francia y Reino Unido.

Según la organización Women’s Link, la última operación de reclutamiento de temporeras tuvo lugar el año 2008, desde esa fecha las trabajadoras de la fresa no han hecho sino repetir campaña. En el año 2018, se retoma la contratación de nuevas trabajadoras, que se añaden las que repiten de años anteriores. Para la campaña de 2019 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha autorizado la contratación de 19.179 trabajadoras en origen en Marruecos. No obstante, la selección solo ha sido de 7.500, ya que el resto, unas 11.500, son repetidoras.

El informe profundiza en el proceso que ha sufrido el modelo de contratación en origen de mujeres de Marruecos, desde el primer acuerdo, en 2011. También analiza las condiciones laborales de las personas trabajadoras migrantes y sus derechos, recogidas, entre otros documentos, en la Directiva 2014/36/UE, en el estatuto de trabajadores y en el convenio colectivo del campo. Estos convenios del campo regulan cuestiones como el salario mínimo por jornada laboral y las horas extraordinarias, así como otras condiciones como el alojamiento, siendo específicos de cada provincia.

Contextos de vulnerabilidad

Siguiendo estos análisis, se observa cómo se va construyendo un contexto de “vulnerabilidad” para estas mujeres. Son puestas en situaciones de asimetría, a un nivel jurídico, laboral o social de manera que las exponen a un abuso de poder, acentuado por su condición de ser mujer, migrante y pobre en un contexto patriarcal, racista y capitalista. Sus derechos son vulnerados.

Las contrataciones en origen por contingente para la recogida de la fresa en Huelva se realizan en Marruecos a través de la Agencia Nacional de Empleo Marroquí (Anapec) gracias a un acuerdo de contratación en origen firmado entre España y Marruecos. El proceso de selección de trabajadoras dura unos 3 días y se suele realizar a mediados de enero en varias ciudades de Marruecos. Una delegación de la patronal de la fresa viaja allí a hacer las entrevistas. Una delegación del Ministerio de Trabajo de la embajada española supervisa, pero no interviene en el proceso.

Según la organización Women’s Link, que representa a cuatro trabajadoras que denunciaron explotación laboral y acoso sexual, el perfil específico que se exige a las trabajadoras desde el año 2005 es “mujer, de entre 20 y 45 años de edad, con hijos menores de 14 años y proveniente de entornos rurales”. Según esta misma organización, “la justificación del empresario y la administración pública para contratar este perfil se basó en su momento en la supuesta mayor capacidad de delicadeza, esfuerzo y concentración en el trabajo por el hecho de ser mujeres, madres y marroquíes.” Para la organización, estos requisitos y criterios para ser contratadas “son claramente discriminatorios” y se basan en una “visión estereotipada” sobre cómo se supone que es el trabajo y el comportamiento de las mujeres marroquíes de religión musulmana ―que no salen, no beben alcohol y tienen poca o ninguna cultura sindical―. Además, las mujeres no pueden tener antecedentes penales y deben gozar de buena salud.

La organización explica que en las entrevistas en origen se pregunta a las candidatas por el estado civil. Como consecuencia, en la práctica, muchas de las mujeres que vienen a trabajar en la temporada de la fresa y frutos rojos son casadas, viudas o divorciadas. “Este perfil favorece que las mujeres que vienen a España son generalmente mantenedoras de sus familias en origen (de lo que ellas ingresan aquí en temporada dependen sus familias el resto del año) y, por tanto, necesitan el trabajo. Ello hace que sea probable que no se quejen de su situación laboral y garantiza que retornen a sus países cuando termine la temporada para volver con sus familias y para asegurarse la posibilidad de volver en años siguientes.”

Este tipo de contratos en origen crea además una fuerte dependencia de las trabajadoras respecto de los empleadores. De entrada, el permiso de residencia de estas trabajadoras está condicionado a la vigencia del contrato laboral con el que accedieron al Estado español. Por otro lado, la renovación de la temporada siguiente depende exclusivamente de la voluntad de la persona o empresa empleadora: estos pueden decidir contratar a la trabajadora por su nombre para la próxima temporada, pudiendo ingresar a España sin pasar por un nuevo proceso de selección. Esta dependencia absoluta de la trabajadora con su empleador hace que “tengan que aceptar las condiciones laborales una vez llegan a España, aunque sean diferentes a las que le ofrecieron en origen sin capacidad de negociación, y favorece que no denuncien por miedo a perder el trabajo. Además, si denuncian corren el riesgo de que su historial quede manchado y que no las vuelvan a llamar nunca más para volver a trabajar en la campaña de la fresa”.

Condiciones infrahumanas

Cuando las mujeres llegan a España, no conocen a nadie ni hablan el idioma, encontrándose de alguna manera ‘cautivas’ en fincas valladas y con salidas controladas, alejadas de cualquier casco urbano. Esto limita sus desplazamientos y la posibilidad de relacionarse con otras personas. Varias fuentes explican que los empresarios han llegado a retener los pasaportes o retrasar el pago de parte de los salarios, con el objetivo de prevenir las fugas, así como hay capataces que prohíben salir de noche cuando hay trabajo a la mañana siguiente.

Por otro lado, el acuerdo por el que venían las temporeras incluía que debían ser alojadas de forma gratuita por el propietario de la finca - por convenio del campo de Huelva-, pero no detallaba las condiciones. Una vez aquí, se dieron casos en los que a las temporeras les comunicaron que les descontaban suministros y alquiler de la nómina. En el caso concreto de las trabajadoras representadas por la organización Women’s Link en algunas de las fincas las condiciones de las viviendas son insalubres. “Las habitaciones eran barracones de obra, estaban llenas de insectos y en condiciones de higiene deficientes. El baño estaba situado fuera de las habitaciones y se trataba de un baño de obra.” La Mesa de Integración, que engloba varias ONGs, denunció en su informe de 2017 que un 30% de las viviendas de las temporeras no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad. Por otro lado, el hecho de que las trabajadoras vivan en las fincas donde trabajan, apartadas de los núcleos de población, les impide establecer una clara diferenciación entre la vida privada y laboral. Esto es algo que también explicaba Nadia Azougagh, de Caravana Abriendo Fronteras Almería, en una entrevista con AmecoPress: “En Almería y Huelva hay fincas donde viven hacinadas 18 mujeres con un solo baño”.

Abusos sexuales

Los entornos de segregación y aislamiento en las granjas donde viven y trabajan las trabajadoras temporeras, así como su dependencia respecto al empresario aumentan el riesgo de abuso sexual y otras vulneraciones.

Para la organización Women’s link, la feminización de la agricultura se ve a su vez favorecida por la feminización de la migración. “Las mujeres migrantes se incorporan al mercado laboral en sectores con mayor precariedad laboral. La precariedad laboral y la situación de discriminación estructural que sufren las mujeres hace que se enfrenten a mayores riesgos de abusos y discriminación específica que pueden socavar sus derechos, reconocidos, entre otros, en la Constitución Española, o la Carta de derechos humanos de la Unión Europea como la dignidad, integridad, igualdad ante la ley y no discriminación. En otras palabras, el contexto de explotación laboral feminizada favorece el chantaje sexual, los abusos sexuales y violaciones que sufren de forma específica por el hecho de ser mujeres”. Además de esto, las mujeres que denuncian abusos sexuales se exponen al rechazo de sus familias y maridos, que pueden llegar a culparlas a ellas cuando se enteran de las denuncias por violación y agresión sexual.

Recomendaciones

El informe concluye con diversas recomendaciones, realizadas de manera conjunta entre la organización Women’s Link y ODHE. Las primeras, dirigidas a las Administraciones Públicas, enfatizan en la responsabilidad del Estado español a la hora de vigilar que los derechos de las mujeres contratadas no son vulnerados por las empresas; las organizaciones critican los planes de migración promovidos por la Unión Europea y el Estado español orientados hacia una visión utilitarista de la mano de obra migrante y apuestan porque las administraciones incorporen a los convenios cláusulas que contemplen el impacto que este modelo de negocio tiene en las vidas de las temporeras, con la inclusión de protocolos de igualdad y contra el acoso sexual. Las certificadoras como Global Gap (Good Agricultural Practice) y otras empresas certificadoras de sellos de calidad, deberían incorporar criterios de género, aseguran.

Las empresas tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de sus trabajadoras. Para ello deberían establecer mecanismos que permitan analizar todos los impactos y riesgos que su actividad tiene sobre las trabajadoras. En caso de se produzcan vulneraciones de derechos, deben contar con herramientas para que las víctimas puedan denunciar y para reparar los daños ocasionados. Las denuncias recogidas deben garantizar la seguridad y protección de la persona afectada, y se deben informar de los casos recogidos y las acciones emprendidas de forma periódica a las autoridades. Se debe facilitar que la persona afectada pueda poner la denuncia correspondiente antes las autoridades públicas.

No están exentas de responsabilidad las personas que consumen fresas y berries, que deberían evitar adquirir productos de empresas que se sepa que vulneran los derechos de las trabajadoras, según las organizaciones que han elaborado el informe, y exigir a las administraciones certificaciones una compra pública responsable.

Adjuntamos el informe completo.

Foto: AmecoPress, sacadas del informe del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas
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Economía – Mujeres rurales – Empleo y género – Mujeres migrantes – Abusos sexuales. 17 octubre. 19. AmecoPress